Redacción La NUEVA Mañana
El juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona volverá a reanudarse bajo la jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, según se definió en un reciente sorteo judicial.
Esta decisión se tomó tras la anulación del proceso anterior, derivada del escándalo en torno al documental en el que participó la jueza Julieta Makintach.
La selección del tribunal se realizó el jueves pasado con la presencia de todas las partes involucradas: fiscales, defensores de los imputados y abogados de los particulares damnificados, según confirmaron fuentes.
La nueva composición del tribunal estará integrada por los jueces Roberto Gaig, Alejandro Lago y Alberto Ortolani. Este último, habitualmente parte del TOC N° 1, fue convocado debido a que la jueza titular del TOC N° 7, María Coelho, se encuentra abocada a un juicio por jurado que involucra a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, proceso que iniciaría entre septiembre y octubre, según explicó el abogado Rodolfo Baqué.
El juicio había sido suspendido luego de que Makintach protagonizara un proyecto documental, lo que derivó en su apartamiento del caso, una licencia forzada de 90 días y la apertura de un jury de enjuiciamiento.
Las denuncias en su contra fueron presentadas por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el abogado Fernando Burlando, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático (a través de Fernando Míguez), el ex jefe de seguridad de Maradona, Julio César Coria -detenido anteriormente por presunto falso testimonio-, y varios legisladores provinciales de La Libertad Avanza, entre otros.
Mario Baudry -representante legal y pareja de Verónica Ojeda y su hijo con Maradona, Dieguito Fernando- expresó que los damnificados están conformes con el proceso de selección del tribunal y no ven motivos para objeciones.
El proceso judicial tiene como imputados a siete profesionales del entorno médico de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su supervisor Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, médica coordinadora de Swiss Medical.
Todos ellos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena puede variar entre ocho y veinticinco años de prisión.
