Redacción La Nueva Mañana
En una nueva arremetida del Gobierno nacional contra las conquistas en materia de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia de la Nación emitió un comunicado este miércoles, a través del cual dio a conocer que el 11 de agosto pondrá a disposición de "los Fiscales Federales" un edificio de más de 5.000 m2, ubicado en el ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).
El edificio al que hacen referencia es el que supo ocupar el ex Casino de Oficiales y que actualmente está destinado al Museo Sitio de Memoria Esma: uno de los espacios de memoria y Derechos Humanos más importantes del país; ubicado en el corazón mismo del mayor centro clandestino de detención, torturas y exterminio del país, por el cual pasaron más de cinco mil detenidos desaparecidos por la última dictadura.
El comunicado oficial, retomando el discurso negacionista del terrorismo de Estado y estigmatizante de las conquistas de derechos en materia de Memoria, Verdad y Justicia, expresó que este inmueble fue anteriormente destinado a "programas ideológicos y actividades político partidarias".
Según anunció el Gobierno, el espacio físico en el que funcionaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en la que vienen trabajando diversos organismos, será utilizado para "fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad".
"Nuestra decisión se enmarca en le mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos", expresa con un tono provocador el mensaje oficial.
Y concluye, ligando esta decisión profundamente ideológica a un presunto compromiso asumido con los jueces y fiscales para brindarles "todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes".
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el Gobierno proyecta el despido del 80% del personal de la Secretaría de Derechos Humanos.
En tanto, en estos días se conoció y generó fuerte repudio que el Museo Sitio ex ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); mientras que se encuentra en peligro también el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y los equipos de abogados querellantes que llevan adelante los juicios contra los genocidas por crímenes de lesa humanidad.
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