Redacción La Nueva Mañana
El fiscal Guillermo González, a cargo de la causa que investiga la muerte de un panadero en medio de un operativo policial el 24 de marzo, liberó a los cinco oficiales acusados del crimen. González cambió la calificación legal y desestimó que los agentes tuvieran "intención" de asesinar.
Guillermo Bustamante, de 39 años, murió en una estación de servicio ubicada en Villa Páez, tras la intervención de una decena de agentes. Según la investigación, el hombre tuvo un inconveniente al momento de pagarle al playero, quien alertó a la Policía. Los oficiales retuvieron a Bustamante y insistieron en trasladarlo en el patrullero, donde finalmente muere.
La fiscalía del Distrito 1, Turno 2, aclaró que la investigación continúa, pero que la imputación pasó de ser "homicidio calificado por abusos de sus funciones" a un "homicidio preterintencional". La nueva acusación estipula que los implicados "no tuvieron intención" de terminar con la vida de Bustamante.
En un comunicado, la Fiscalía precisó: "Habiéndose incorporado nueva prueba producida por el Instituto de Medicina Forense; y en conjunto con el resto de la prueba, se advierte la ausencia del Dolo directo o eventual por parte de los imputados de producir la muerte de la víctima". También detalló que los oficiales siguen sujetos al proceso y con medidas restrictivas.
Agustina Escotorin, la novia de Bustamante, presenció el hecho y aseguró que fue violentado por los oficiales. La mujer, que llegó a la estación de servicio con el dinero necesario para pagar, impulsa la denuncia acompañada por el abogado Carlo Nayi.
Las cámaras de seguridad registraron que, antes del hecho, los efectivos policiales estuvieron charlado durante horas con el empleado de la estación de servicio, lo que sugiere un vínculo previo.
Ante la nueva calificación legal, el suboficial inspector Marcos Guzmán Altamirano, el cabo Juan Martín y el oficial ayudante Nicolás Bulacio -quienes se encontraban imputados en calidad de coautores por el delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones- fueron puestos en libertad.
El oficial inspector Walter Perfumo -acusado anteriormente por encubrimiento- y el sargento Mariano Córdoba -detenido por omitir los deberes de funcionario público- también fueron liberados.
