Redacción La Nueva Mañana
En las jornadas finales del juicio por la desaparición de Yamila Cuello, las abogadas querellantes expusieron sus alegatos ante el tribunal. Destacaron el contexto de violencia de género que sufría la víctima y la vulneración económica y sentimental que le dificultaban alejarse de Néstor Simone.
También coincidieron en que las pruebas no mostraron la culpabilidad de Horacio Palacio, pero que "no tienen dudas" de que el hermano del principal acusado "sabe donde está el cuerpo" de la víctima.
A más de 15 años de la desaparición de la joven, el juicio avanza en el Tribunal Federal Oral 2.
La doctora Mercedes Crespi, que representa a Nicolás Cuello, padre de la joven, enumeró las declaraciones de una decena de testigos que describieron los maltratos de Simone y las "marcas física" como "moretones y quemaduras" que detectaron en Yamila.
En su exposición la abogada rememoró las pericias telefónicas que demuestran que el ex de la víctima la llamaba con frecuencia a pesar de haber finalizado la relación. Según el análisis forense, el 25 de noviembre de 2009 Simone se comunicó 4 veces, y, además, se encontraba en las inmediaciones del domicilio de Yamila.
"Tenemos pruebas que demuestran que era violento y que se comunicó con ella el último día que la familia lo ve con vida", dijo la abogada y agregó: "El testigo de identidad reservada reveló que el 26 de noviembre de ese año lo vio a Simone lavando manchas de sangre del auto".
La aboga dijo que la investigación "indica que Yamila no podría haber abandonado su domicilio de forma voluntaria porque tenía un arraigo sentimental muy fuerte" con sus amistades y su familia sobrinos. "Lo que sucedió es que Yamila desapreció en manos de Néstor Simone", siguió la letrada.
Crespi solicitó al tribunal "que se tenga por probado que él la asesinó". Además detalló que este hecho no debería ser cuestionado por la no aparición del cuerpo, "porque dejaría expuesto que mientras sea más exitosa su empresa delictiva menos se podría juzgar".
Crespi pidió que Néstor Simone sea declarado culpable por el delito de homicidio y que el tribunal le otorgue la pena máxima prevista en el artículo 79 del Código Penal, que estipula 25 años de prisión.
"Simone la asesinó y se deshizo de su cuerpo en una conducta dolosa", expresó y reforzó la extensión del daño por el hecho de la desaparición física. En tanto, explicó que al imputado no se le pueden aplicar las formas especificas de homicidio referido a las mujeres, como el femicidio, porque son posteriores al delito.
La abogada Graciela Taranto, que patrocina a la hermana de la víctima, adhirió a lo que desarrolló Crespi y agregó el pedido de un agravante por el contexto de violencia de género. La letrada se apoyó en los derechos de niñas, niños y adolescentes a la hora de solicitar la pena máxima.
Taranto alegó que Yamila cumple con los requisitos para ampararse legalmente en los derechos de las niñas y adolescentes porque era menor de edad cuando comenzó a vincularse con Simone.
"A pesar de que no se puede aplicar la figura de femicido, si se puede tener en cuenta el contexto de violencia de género", al que Argentina aplica a través de tratados internacionales y que está previsto en el artículo 80 del Código Penal, reforzó Taranto.
La abogada incluyó la perspectiva de género. Expresó que Yamila era una joven con características de vulnerabilidad y que "los vínculos que conformaba con hombres mayores estaban signados por la violencia económica y afectiva". En cuanto al perfil de Simone "demuestra que tiene una conducta vinculada a la ludopatía, rasgos narcisistas, y que el uso violencia física, económica y afectiva sobre las mujeres eran constantes".
"¿Por qué la mató? Pues porque no iba a permitir que Yamila se saliera de su control. Un rasgo característico en el perfil psicológico de Simone", reforzó la letrada.
Sobre la ausencia del cuerpo de Yamila, la doctora citó el juicio de Tehuel de la Torre, "un caso emblemático" en el que se sentenció un asesinato sin la aparición de sus restos.
Al terminar la exposición de Taranto, el fiscal Carlos Gonella advirtió el riesgo de fuga del acusado y solicitó que se le prohíba salir de la provincia. El tribunal informó que está vigente la prohibición de retirarse del país y que se van a “reforzar los oficios” según el pedido.
Los alegatos del Ministerio Público Fiscal serán el 21 de marzo y luego tendrá su turno la defensa de los acusados.
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