Redacción La Nueva Mañana
En una nueva jornada del juicio por la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal, este martes declaran Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, la mamá y el papá de Francisco, la primera víctima fatal de los crímenes que se investigan.
El proceso judicial se lleva adelante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, con jurados populares, y tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, quien está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado cinco hechos en concurso real y homicidio calificado por procedimiento insidioso, en grado de tentativa, reiterado ocho hechos, en concurso real.
Además, están imputados diez ex funcionarios del nosocomio y Salud de la Provincia, entre ellos el ex ministro Diego Cardozo. Entre las imputaciones que los alcanzan, se encuentran falsedad ideológica, omisiones de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Este lunes se escuchó el desgarrador testimonio de Yoselín Rojas, madre de Angeline, quien aseguró que su hija "fue envenenada con potasio" en el hospital. La recién nacida falleció en junio de 2022 a causa de una bradicardia extrema y apnea provocadas por un exceso de potasio, y frente al Tribunal y el jurado popular, Rojas señaló a Agüero como la principal acusada: "Era una mirada fría, muy rara. Cuando le da el bebé a mi pareja, nos miraba muy raro. No sé si con lástima o cómo. Nos miraba de reojo. Es la persona que se llevó el bebé".
La elevación a juicio dictada por el juez Juan Manuel Fernández López alude que la enfermera Agüero, que formaba parte del Servicio de Obstetricia de dicho nosocomio, le habría suministrado a los recién nacidos, presumiblemente mediante una inyección no endovenosa, dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida, a sabiendas por sus conocimientos profesionales, que su administración podría causar la muerte de los bebés. El juez Fernández López remarcó el alto estrépito social que provocaron estos hechos por su atipicidad. Además, consideró que la cantidad de casos producidos, entre consumados (5) y tentados (8), permitió arribar a la probabilidad positiva, basada en abundante prueba indiciaria de carácter unívoco.
En tanto, los ex funcionarios están acusados de no haber denunciado en debida forma los hechos atribuidos a Brenda Cecilia Agüero, pese a la creciente sospecha de criminalidad acerca de la conducta homicida intencional de la enfermera de obstetricia. Según la acusación, este ocultamiento habría sido mantenido en el tiempo durante varios meses hasta que finalmente formalizaron la presentación judicial correspondiente.
Al respecto, el juez Fernández López expresó en su resolución: “Las fallas en los controles internos de un esquema institucional, traducida en imputaciones a los funcionarios aquí enrostrados, permitió una profusa reiteración homicida (cinco resultados mortales y otros ocho intentos fallidos)”.
“Dicho accionar permisivo y poco expeditivo permitió la continuidad del accionar homicida, mientras ya se barajaba una sospecha concreta, quizás en el afán de avanzar en una investigación interna que, ingenuamente, los funcionarios aquí traídos a proceso entendieron que, por su eventual completitud y contundencia, podría no sólo relevarlos de responsabilidad funcional y penal, sino incluso mostrarlos como profesionales rectos y eficientes”, enfatizó.
- Brenda Cecilia Agüero, ex enfermera del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Neonatal. Imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado cinco hechos en concurso real y homicidio calificado por procedimiento insidioso, en grado de tentativa, reiterado ocho hechos, en concurso real.
- Diego Hernán Cardozo, médico cirujano, ex ministro de Salud provincial. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- Pablo Miguel Carvajal, médico especialista en Terapia Intensiva de Adultos, ex secretario de Salud. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- Liliana Asís, médica especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, ex directora del Hospital Materno Neonatal. Imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- Claudia Elizabeth Ringelheim, medicina, especialista en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- Martha Elena Gómez Flores, médica cirujana con especialidad en Neonatología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, todo en concurso real con falsedad ideológica.
- Adriana Luisa Moralez, médica especialista en Neonatología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- Alicia Beatriz Ariza, enfermera profesional, ex jefa de Enfermería del Hospital Materno Neonatal. Supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.
- Julio Alejandro Escudero Salama, abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Imputado por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
- María Alejandra Luján, médica especialista en Pediatría y Neonatología, ex coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal. Imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso real con falsedad ideológica.
- Alejandro Gabriel Gauto, abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
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