Redacción La Nueva Mañana
Cada primer lunes de octubre se conmemora el Día Internacional de los Inquilinos, que tiene como finalidad promover los derechos de las personas que habitan viviendas en alquiler, en pos de acuerdos justos y accesibles; y sensibilizar a la opinión pública, respecto a situaciones de abuso, degradación y elevados costos de renta que afrontan las familias que carecen de una vivienda propia.
En este marco, la agrupación Inquilinos Córdoba convocó para este jueves 10 de octubre, a las 19, a un "Inquilinazo" en el Patio Olmos.
La actividad forma parte de una grilla que el sector desarrolla durante la semana en todo el país, para reforzar la tarea en la defensa de los derechos de las personas inquilinas. "La vivienda no es un lujo, sino un derecho esencial que debe garantizarse para todas las personas", afirman.
Por su parte, el Movimiento Inquilino Nacional, que nuclea a organizaciones de inquilinos de todo el país, emitió un comunicado en el que denuncian la "violencia habitacional a nivel país".
En virtud de la efemérides, apunta la organización que no solo se conmemora "la lucha histórica por el derecho a una vivienda adecuada", sino que también se reflexiona "sobre la crítica situación habitacional que enfrenta Argentina en la actualidad desde la desregulación total impartida por el Gobierno nacional de Javier Milei a través del DNU 70/23".
Subraya el Movimiento Inquilino Nacional que "a pesar de la tan mencionada elevada oferta de inmuebles, miles de familias se ven atrapadas en un círculo de alquileres exorbitantes, contratos abusivos y condiciones de vivienda que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad".
Denuncian que "la falta de acceso a créditos hipotecarios accesibles y una política pública insuficiente para regular el mercado inmobiliario han contribuido a que el sueño de la casa propia se aleje cada vez más para muchas personas o en algunos casos tener que elegir entre comer o quedarse en la calle".
"En un contexto de creciente inflación y deterioro de los salarios, los inquilinos se ven obligados a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de alquileres", alertan y analizan que "esta crisis habitacional no es solo un problema económico, sino también un atentado contra los derechos humanos fundamentales, como el derecho a un techo digno y el acceso a alimentos y servicios básicos de los grupos más vulnerables como lo son las infancias, mujeres y personas adultas mayores/jubiladas, jubilados".
En ese contexto, como organizaciones inquilinas del país, reiteran la "necesidad de un Estado presente y comprometido con políticas públicas que equilibren la relación desigual entre inmobiliarias, propietarios y familias inquilinas"; y consideran "imperioso" el avance en la "construcción de soluciones integrales que protejan a quienes alquilan, promoviendo contratos justos, acceso a la información y la creación de mecanismos que aseguren condiciones adecuadas de vivienda para todos".
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