A una semana del asesinato de Susana Beatriz Montoya, la conmocionante detención de su hijo Fernando Albareda parece empezar a revelar una trama atravesada por la reparación histórica de un crimen del terrorismo de Estado, una relación familiar conflictiva y una salud mental inestable.
Córdoba09/08/2024
Redacción La Nueva Mañana
A una semana del asesinato de Susana Beatriz Montoya, la detención de su hijo Fernando Albareda, a quien el fiscal Juan Pablo Klinger imputó de homicidio calificado por el vínculo, parece empezar a revelar una trama atravesada por la reparación histórica de un crimen del terrorismo de Estado, una relación familiar conflictiva y una salud mental inestable.
Susana Montoya era esposa de Ricardo Fermín Albareda, padre de Fernando y víctima del terrorismo de Estado: quien fue asesinado en 1979 y aún continúa desaparecido.
Es innegable que pese al paso de los años, las heridas abiertas por el terrorismo de Estado siguen desangrando a una comunidad que aún tiene muchas preguntas sin responder, entre silencios cómplices que se sostienen corporativos en un espiral de impunidad biológica, los cuerpos de miles de personas desaparecidas que nunca fueron encontrados, la identidad fraguada de cientos de nietos y nietas que desconocen su historia; y la salud mental de una sociedad que no termina de sanar.
Una detallada crónica de Amadeo Sabattini, en Cba24n, ordena la información que sale a la luz a partir de la detención, pero que entre pasillo venía circulando, aunque dispersa, desde el mismo viernes 2 de agosto, cuando se conoció públicamente el crimen.
La autopsia reveló que la mujer habría fallecido por traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento, según revelaron fuentes de la investigación.
La mencionada nota periodística, en virtud de lo recogido por peritos, ensaya una reconstrucción de los hechos: hubo una discusión en el interior de la vivienda, el agresor intentó apuñalar al víctima, pero fracasó en el intento y quiso estrangularla. Susana Montoya se escapó hacia el patio y allí el agresor la golpeó con un ladrillo, reiteradas veces hasta matarla. Se especula con que Albareda podría haber actuado en estado de "emoción violenta", un atenuante para estos crímenes, según el Código Penal.
La evidencia concluiría, además, que la mujer fue asesinada 22 horas antes de que Fernando Albareda avisara a la Policía; y que habría habido una comunicación telefónica entre madre e hijo un par de horas antes de la visita que terminaría con el asesinato.
Paralelamente, respecto del texto amenazante que apareció escrito en una pared de la vivienda y que, en principio, podía indicar que habían operado grupos de tareas, vinculados al terrorismo de Estado; la Fiscalía reveló que "el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda".
Habría llamado la atención de los investigadores, la saña con la que se perpetró el crimen, que las cerraduras no estuviesen violentadas y que no se hubiesen descubierto elementos que hicieran sospechar de un asesinato en ocasión de robo.
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario de la Policía y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuando fue secuestrado y trasladado al ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio conocido como "Casa de Hidráulica", a la vera del lago San Roque.
Según consta en la "Causa Albareda", que juzgó crímenes de lesa humanidad perpetrados en Córdoba, en ese lugar fue duramente torturado y habría muerto desangrado. Sus restos nunca fueron encontrados. Por el crimen fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Aníbal Campos, César Armando Cejas, Hugo Cayetano Britos y Miguel Ángel Gómez.
En estos días se había hecho público que, tras la reparación histórica del legajo laboral de Albareda por parte de la Provincia, como víctima del terrorismo de Estado, Susana Beatriz Montoya estaba por cobrar más de 70 millones de pesos, en concepto de reparación monetaria.
El mencionado artículo periodístico da cuenta de diferencias históricas que habrían existido entre Fernando Albareda y su madre, en virtud de una hipótesis que la ubica como presunta responsable de haber denunciado a su padre como militante del PRT / ERP. Que también habría influido en esta tensa relación, el hecho de que la mujer habría sido pareja también de un comisario que habría tenido participación en la detención de su marido y que, al haber decidido no criarlo de niño, Fernando Albareda habría vivido su infancia en varios albergues.
Señala el texto que diversas fuentes de su entorno, dan cuenta sobre una frágil salud mental del ahora imputado y detenido: una inestabilidad emocional y psicológica, con presuntas internaciones a consecuencia de este tipo de situaciones; que podrían ser consideradas a la hora de evaluar el contexto de este crimen que lo tiene como único y principal imputado y detenido.
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