Amnistía: "El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de la protesta en condiciones seguras"

La ONG Amnistía Internacional Argentina manifestó preocupación por el "operativo desproporcionado" montado por el Ministerio de Seguridad de la Nación este miércoles 31 de enero, "ante las manifestaciones sociales frente al Congreso".

País01/02/2024Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
Operativo represivo Ley Bases Congreso (CELS)
"En democracia la protesta es un derecho y NO un delito", subraya Amnistía Internacional Argentina.Foto: CELS

La ONG Amnistía Internacional Argentina manifestó preocupación por el "operativo desproporcionado" montado por el Ministerio de Seguridad de la Nación este miércoles 31 de enero, "ante las manifestaciones sociales frente al Congreso" que se desarrollaban, en el marco del debate del proyecto de "Ley Ómnibus", que se lleva adelante en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Las fuerzas de seguridad amedrentaron, golpearon y detuvieron a personas que ejercían su derecho a reclamar a las autoridades", advierte la reconocida entidad.

Agrega que "cuatro manifestantes fueron detenidas tras entonar el Himno Nacional de forma pacífica cerca del Congreso. También se registró a un agente con un símbolo asociado a una postura ideológica en su uniforme; algo prohibido nacional e internacionalmente para evitar abusos de poder".

Afirma Amnistía Internacional Argentina que "el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de la protesta en condiciones seguras" y "evitar tomar medidas disuasivas para impedir la posibilidad de reclamar de los ciudadanos y las normas y prácticas que criminalicen y promuevan el uso arbitrario de la fuerza".

Repasa además que como entidad ha manifestado "preocupación ante el ‘Protocolo de protesta’ por considerar que fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación y libertad de expresión".

Concluye la entidad que "NO existe jerarquía legal entre el derecho a la libre circulación y el derecho a protestar, el Estado está obligado a compatibilizar el ejercicio de ambos: ninguno puede ser usado para suprimir al otro. En democracia la protesta es un derecho y NO un delito".

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