ATE convocó a una jornada de lucha para el 15 de enero contra el despidos de trabajadores estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este martes a una "jornada de lucha" para el 15 de enero, antes de la movilización que hará el 24 la CGT, en protesta por los despidos en varios sectores de la administración pública nacional y porteña.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó que desde esa central sindical se convocará a una "jornada de lucha con modalidad a definir en cada provincia" el próximo 15 de enero, en repudio a los despidos de empleados públicos.

Dijo que se anticipan a la CGT -a cuya protesta adhieren- porque la fecha del 24 "a los empleados estatales nos está quedando demasiado lejos".

También señaló que el Centro Nacional de Jubilados de ATE definió en la misma reunión "una jornada de protesta el 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional" frente a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

"Se exigió la inmediata reincorporación de todos los despedidos y una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta de recomposición salarial para la administración pública", informó ATE en un comunicado.

"Si no salimos a la calle los trabajadores, jubilados y el pueblo, no tendremos destino", manifestó Aguiar luego de una reunión realizada este martes y llamó a que en todas las provincias se "interpele" a los diputados y senadores nacionales "para que pongan la cara porque muchos cuando vuelven a sus distritos se olvidan de lo que votaron en Buenos Aires", en relación al tratamiento legislativo que se le dará a la llamada "ley ómnibus" enviada por el presidente Javier Milei al Congreso.

En declaraciones a la prensa, Aguiar explicó que jornada de lucha será con "modalidad a definir en cada provincia" y recordó en caso de que se decida una movilización para el 15 de enero, desde ATE "no aceptamos el protocolo que quiere regular el derecho a huelga, porque pegarle a los trabajadores ministra Bullrich no es seguridad".

Aguiar cifró en 1.100 los despidos de trabajadores nacionales y en 200 los dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se comunicaron el pasado viernes, según detalló en declaraciones a la prensa.

Asimismo, ratificó que "presentamos un amparo para anular el DNU" y expresó: "Esperamos un poco más de valentía de los jueces de esta Nación porque están quedando en evidencia que solo reciben órdenes del Estado nacional".

Aguiar había anticipado que "los empleados estatales no podemos esperar y necesitamos salir a responder antes por el nivel de agresión q estamos sufriendo".

En rechazo a las medidas del Gobierno nacional y para pedir la reincorporación, los trabajadores estatales realizaron por la mañana asambleas, ruidazos, ingresos masivos y otras acciones de protesta en las puertas de las distintas carteras donde ya se registraron despidos, como en el Ministerio de Economía y en las secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat y Trabajo.

Sobre las asambleas, Aguiar consideró que "anticipan que se le está perdiendo el miedo al protocolo antihuelgas de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich" y agregó que "no se nos puede acusar a los estatales de estar quebrantando la paz social, porque quien atenta contra la paz es el mismo gobierno con las medidas que está tomando".

El dirigente de ATE aseguró que los despedidos "son trabajadores que cumplen roles esenciales para el funcionamiento del Estado" y aseguró que desde el Gobierno nacional "se intenta configurar el fraude laboral más grande de la historia"

"Desde ATE podemos sentarnos a la mesa para discutir un nuevo Estado, pero uno que esté al servicio de la gente y no solo para garantizar el negocio que algunos vivos tienen con el Estado", advirtió.

Añadió que "vamos a proponer que se profundice el plan de lucha en todo el país" de cara al paro general convocado para el 24 de enero contra las medidas.

Fuente: Télam

Noticia relacionada:

ATE se reúne para "evaluar denuncias de despidos y medidas de ajuste" sobre el sector público