Redacción La NUEVA Mañana
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, dio detalles este miércoles, en conferencia de prensa, del proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
La iniciativa fue elevada por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura de la Provincia y es el primer proyecto que envía el Ejecutivo en esta gestión para el inicio del trámite parlamentario y posterior aprobación.
“La seguridad para nosotros es un eje absolutamente fundamental”, expresó Quinteros. Y agregó que Córdoba "será territorio hostil para el narcotráfico y la lucha contra este delito es una cuestión de Estado”,
El ministro también confirmó que solicitó una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, "a fines de coordinar la implementación de las fuerzas federales en la provincia".
Juan Pablo Quinteros enumeró los principales puntos del proyecto legislativo. Explicó sobre la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación. También dio detalles sobre la implementación del uso de armas no letales, la articulación con prestadoras de seguridad privada y la obligatoriedad del narcotest para funcionarios públicos.
Sobre las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, dijo: “Los municipios que adhieran a la ley van a recibir apoyo del gobierno de Córdoba. Van a recibir móviles, armas no letales y capacitación”.
Quinteros aclaró que las guardias locales serán “auxiliares de la policía: pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprehender e inmediatamente tienen que entregarle el procedimiento a la fuerza policial, no suplanta en absoluto a la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad”.
Cuando se le consultó sobre la protesta en las calles, en particular en un panorama por demás conflictivo en cuanto a lo social, Quinteros fue taxativo, y señaló que “no vamos a tolerar hechos de violencia”. El ministro garantizó el derecho a la protesta social, amparado legalmente, “pero aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo, abrir su negocio, desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es garantizarle que también lo pueda hacer”.
