Redacción La NUEVA Mañana
Este martes, el gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de Ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
La iniciativa brinda el marco jurídico para la implementación de "un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico", según se adelantó.
Entre los aspectos destacados se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.
Otro arista central de la iniciativa es el aumento de un 100 por ciento de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.
En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
La normativa incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba – COPEC, creado en 2008.
El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
