Redacción La Nueva Mañana
Mientras México conmemora con marchas callejeras este martes nueve años de la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, otros siete jóvenes fueron secuestrados en las últimas horas en el estado de Zacatecas, según informaron fuentes oficiales.
Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 señalaron este lunes que no recibieron información alguna sobre la pesquisa que realiza el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien personalmente y frente a los propios familiares aseguró que su administración no va a ocultar pruebas que incriminarían a militares en el caso.
"En el informe del Secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él, se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia", dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, tras una reunión con representantes gubernamentales, según reprodujo la agencia de noticias AFP.
Rosales añadió que la investigación del Gobierno de López Obrador se acerca más a "la verdad histórica", como se llamó a la pesquisa de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías en complicidad con narcotraficantes, que los confundieron con miembros de un cártel rival.
"Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando de lado al Ejército", dijo Rosales.
Un grupo de investigadores conformado tras un acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que el Ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.
Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba "imposible" seguir adelante con su labor.
Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.
Según las versiones oficiales, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado y luego hizo desaparecer sus cuerpos.
Para este martes se prevén varias manifestaciones públicas en Ciudad de México por el aniversario del caso.
En tanto, el secuestro de los siete jóvenes secuestrados en el estado de Zacatecas, en la región centro-norte de México, según informó este lunes la fiscalía local, ocurre a poco menos de dos meses de que otro grupo similar fuera raptado en el occidental estado de Jalisco.
Los chicos tienen edades de entre 14 y 18 años y fueron secuestrados en un rancho de la localidad de Villanueva, informó el fiscal del estado, Francisco Murillo.
El funcionario explicó que los jóvenes fueron retenidos luego de terminar una reunión social en el lugar.
"Estaban dormidas estas personas (...) cuando aparentemente alrededor de las 4 de la mañana empiezan a ver la presencia de un grupo delictivo de personas que llegaron en vehículos y los sacan y se los llevan", dijo el portavoz, citado por AFP.
Anunció que tras el secuestro se organizó un operativo de unos 300 elementos del Ejército, Guardia Nacional, policía estatal y fiscalía para poderlos localizar.
Descartó que se trate de un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado. "Creo que este no es el caso de estos jóvenes", dijo.
A inicios de agosto, el secuestro y presunto asesinato de un grupo de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, conmocionó al país pues el cautiverio y su martirio fueron difundidos en una foto y un video en redes sociales.
Zacatecas, que tiene rutas estratégicas hacia el mercado de drogas estadounidense y los puertos del Pacífico y el Golfo de México, ha sido escenario de la violencia ligada al crimen organizado.
En el estado, la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, dos de las mayores organizaciones criminales del país, ha dejado cientos de desplazados.
Fuente: Télam
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