La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó este miércoles su informe final sobre la "actuación represiva" desplegada en junio pasado por "las autoridades de la provincia de Jujuy" contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional, y tipificó la "vulneración sistemática y generalizada" de los derechos de los manifestantes como "delitos de lesa humanidad".

El espacio multidisciplinario estuvo desde el 16 al 26 de junio en Jujuy, como lo hizo previamente en otros países, ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno jujeño.

"El Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño", sostuvo la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas al que accedió Télam.

"Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DD.HH.", agregó.

También observó que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron "gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales".

La Misión planteó que las autoridades jujeñas no sólo "no garantizaron derechos" de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante "una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil".

Para el colectivo interdisciplinario "las autoridades de la provincia de Jujuy utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DD.HH.", y sin observar los "criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo estado de derecho democrático".

En este despliegue, los miembros de la Misión observaron y constataron la "comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales".

Los integrantes del colectivo consideraron que las autoridades de la provincia de Jujuy deben ser investigadas por "tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares" y atento a que "las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de lesa humanidad".

En otro de los apartados del informe se dio cuenta de manera detallada el hostigamiento a trabajadoras de prensa en todo el ámbito de la provincia pero, en particular, antes y después de la represión de 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura y en las puertas de la Casa de Gobierno jujeño.

Entre los múltiples casos verificados, mencionaron las detenciones de los periodistas Camilo Kay Haro Galli, del diario digital El Submarino Jujuy, y Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, así como los mensajes y llamados telefónicos intimidatorios a trabajadores de prensa integrantes de la PUAJ.

El 20 de junio en la esquina de la Legislatura personal policial uniformado y de civil arrojó piedras de gran tamaño a fotógrafos, camarógrafos y cronistas.

Marcos Pérez del SiPreBA realizaba una cobertura para Radio Gráfica y Radio Panamericana, cuando fue agredido con un proyectil arrojado con gomera por personal policial uniformado mientras que el cronista de TN, Santiago Martella, fue herido en su pómulo derecho.

"El camarógrafo Daniel Bello, de la agencia Télam fue alcanzado por tres postas de goma en distintas situaciones. Una de las postas lo hiere en su rostro, muy cerca del ojo izquierdo mientras realizaba cobertura frente a la Legislatura jujeña. Otro de los impactos le da en su mano cuando intenta cubrirse tras un murallón y el tercer impacto da en una de sus piernas", detalló el documento.

El informe fue presentado en la tarde de este miércoles en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

La delegación que realizó el informe estuvo integrada por organismos de derechos humanos como la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi); la Asociación Liberpueblo; la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Asociación Xumek; organizaciones políticas y sociales como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y organizaciones gremiales como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ATE y la CTA Autónoma.

El documento fue firmado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el diputado nacional, Juan Marino; Mariana Katz de Serpaj; Gonzalo Armua y Alicia Montoya del Frente Patria Grande; Lorena de la Cruz y Emanuel Zuccolo de Correpi y por la directora de Derechos de Los Pueblos ATE y de DD.HH. de la CTA A Nacional, María José Cano, entre otros.