Redacción La NUEVA Mañana
Luego de la trágica muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que falleció a causa de las heridas producto del ataque de dos perros dogos, en barrio Estación Flores, en julio pasado, y de numerosos casos más donde generalmente las víctimas suelen ser menores de edad, el intendente y gobernador electo, Martín Llaryora, presentó un proyecto para modificar la Ordenanza 13.321 que regula la tenencia de las mascotas catalogadas como “perros potencialmente peligrosos”.
La iniciativa propone controles más extensivos y nuevas sanciones para quienes la incumplan. Además, centra la responsabilidad de cualquier problema con un animal en su dueño pero se hace extensiva a otros dos actores: criaderos y veterinarios.
La principal novedad es que aquellos que tengan un animal de estas características deberán tramitar una licencia especial.
Según detalló en Arriba Córdoba el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jorge Folloni, para poder acceder a este carnet los cuidadores tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Contar con un certificado de apto psicofísico.
- No haber sido sancionado anteriormente por infracciones en materia de tenencia de animales.
- Realizar capacitaciones en tenencia responsable.
- Anotar al can en un registro público y declarar el domicilio en el que estará alojado.
- Instalar un chip subcutáneo en su mascota, que permita la trazabilidad del animal.
- Pagar un seguro de responsabilidad civil que respalde cualquier daño causado por el perro.
Otro punto clave es que, de aprobarse la modificación de dicha ordenanza, la Municipalidad tendrá la potestad de decomisar los animales cuando un dueño, tenedor o paseador incumpla las normas.
Por otro lado, las sanciones y multas serán mucho más severas. Quienes no respeten la normativa recibirán una sanción económica equivalente a entre 50 y 250 Unidades Económicas Municipales. Según los valores actuales, oscilaría entre los $102 mil y $512 mil. En caso de reincidencia, el mínimo y el máximo de la multa se duplica, por lo que un dueño podría pagar hasta más de $1 millón.
Respecto a los actores nuevos, criaderos y veterinarias, el proyecto contempla para criaderos nuevos controles. Si la ordenanza es promulgada, deberán:
- Entregar al comprador un certificado de salud del animal y exigir a los nuevos dueños la acreditación de los requisitos anteriores para poder concretar la venta.
- Entregar a todos los perros castrados.
- Llevar un registro de la entrada y salida de los animales a su cargo e informarlo cada 120 días.
- Contar con la habilitación propia de los establecimientos comerciales y con un asesor veterinario matriculado que será responsable del estado sanitario de los animales alojados.
En cuanto a las veterinarias, que presten servicios a dueños o criaderos de perros potencialmente peligrosos estarán obligadas a instar el trámite de inscripción en la App Huella Animal. La iniciativa establece: “La inobservancia de esta obligación hará solidariamente responsable a los profesionales tratantes y al titular del establecimiento involucrado”.
Aquellos que incumplan con esto podrán recibir una revocación transitoria o definitiva de su matrícula profesional.
