El tribunal de discipina del partido Propuesta Republicana (PRO) dictó la resolución tras una denuncia de María Lucrecia Busto Aldanza.
Política29/07/2023
Redacción La NUEVA Mañana
El viceintendente electo Javier Pretto fue expulsado del PRO, a través de una resolución del Tribunal de Disciplina tras una denuncia de María Lucrecia Busto Aldanza.
La solicitud había sido formulada tras la alianza de quien fuera presidente del PRO en Córdoba con Hacemos Unidos por Córdoba, donde conformó la fórmula con Daniel Passerini para intendente y vice de la ciudad de Córdoba, la cual resultó triunfante en las urnas el pasado domingo.
Desde el tribunal de disciplina del PRO consideraron que Pretto "traicionó al partido" y lo afectó electoralmente con su paso. En la resolución aseguran que incumplió con sus “obligaciones partidarias”, ya que en momento de negociar y aceptar el ofrecimiento del líder del espacio, Martín Llaryora, aún ejercía la “representación política” del partido.
Es por esto que se dio lugar a la máxima sanción prevista, que es la expulsión, y su desafiliación del Partido Propuesta Republicana. Según los estatutos, Pretto cuenta con cinco días hábiles para apelar la resolución ante la asamblea provincial del PRO. En caso de decidir no seguir adelante con el trámite, la expulsión quedará firme.
Según trascendió, desde el PRO Córdoba presionan a la Unión Cívica Radical para que siga el mismo camino con la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto. La afiliada radical creó la línea interna Radicalismo Auténtico, el cual no es reconocido por el ala dura del partido centenario cordobés.
Tras asistir a una reunión en la Casa Rosada, Héctor Daer, adelantó que actuarán "nuevamente en la Justicia" en contra de la ampliación de las actividades esenciales, que imposibilitan el reclamo de las y los trabajadores de diversos sectores.
La medida afectará el servicio de todas las empresas de interurbanos hasta las ocho de la mañana. El sindicato señaló que finalizó el período de conciliación voluntaria y advirtió que si no avanza la negociación profundizarán el reclamo el próximo lunes.
La Fundación ProTejer señaló que la consecuencia es el cierre de empresas y la pérdida de empleo en un sector que "opera en condiciones desfavorables", mientras compite con productos importados "favorecidos por la política económica".
El proyecto, anunciado por el vocero Manuel Adorni, busca que los ahorristas utilicen en la formalidad miles de millones de dólares que están fuera del sistema. "Las autoridades se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera, así como a desregular la economía para fomentar su formalización", señaló la vocera del organismo.
Tras asistir a una reunión en la Casa Rosada, Héctor Daer, adelantó que actuarán "nuevamente en la Justicia" en contra de la ampliación de las actividades esenciales, que imposibilitan el reclamo de las y los trabajadores de diversos sectores.
El vocero presidencial explicó que el plan se implementará en dos etapas: que en un primer momento el Ejecutivo avanzará todo lo que pueda con un decreto y la UIF adecuará su normativa; y que luego se enviará un proyecto de ley al Congreso.
"El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo", adelantó la central gremial, sin precisar próximos movimientos para enfrentar lo dispuesto por el DNU 340/2025.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que el objetivo de la medida de fuerza es "frenar el salvajismo del Gobierno nacional y evitar que el triunfo electoral en CABA se traduzca en más motosierra sobre el Estado".
Junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, repudió la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional en la negociación salarial.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, el Gobierno amplió el listado de actividades que en un 50% y 75% deberán garantizarse de manera obligatoria en medio de un conflicto sindical.
El Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada mediante un amparo colectivo, por personas y organizaciones de diversas provincias; entre ellas, Córdoba.
A través de un comunicado, rechazan versiones periodísticas que dan cuenta de la posibilidad de que el Gobierno de la Provincia otorgue aumentos por decreto de entre el 1% y el 1,8%, en línea con lo planteado por el gobierno de Javier Milei.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reveló en un informe que el endeudamiento "ha dejado de ser una herramienta transitoria para convertirse en un fenómeno estructural".
La medida de fuerza se llevó adelante este miércoles, con alta adhesión y en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a productos importados de electrónica, en perjuicio de la industria de la provincia austral.
La medida afectará el servicio de todas las empresas de interurbanos hasta las ocho de la mañana. El sindicato señaló que finalizó el período de conciliación voluntaria y advirtió que si no avanza la negociación profundizarán el reclamo el próximo lunes.
