Agentes uniformados irrumpieron en una sede de la Universidad Nacional de Jujuy durante una reunión del Consejo Superior con gremios y estudiantes.
País13/07/2023
Redacción La NUEVA Mañana
En medio de la crisis social desatada luego de la aprobación de la reforma constitucional provincial, la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) denunció el ingreso de personal policial al predio universitario ubicado en la avenida Bolivia de la capital provincial.
En un comunicado, la institución repudió el hecho y contó que personal uniformado de la Policía de la Provincia ingresó al predio en momentos en que se desarrollaba una reunión del Consejo Superior, con la participación del gremio de docentes ADIUNJU y representantes de organizaciones estudiantiles.
"Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 19 inciso 75 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales", remarcó la UNJu.
Asimismo, las autoridades universitarias dijeron que "estos hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social".
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también manifestó "su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país".
El CIN advirtió que el 10 de julio, en el Canal 7 de la Televisión Jujeña, la gobernación de la provincia expresó su intención de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara que pertenece desde 1949 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
"Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública; y, por el otro, trata de expropiar un espacio universitario que, desde 1949, viene desarrollando actividades de extensión muy relevantes, bajo fundamentos basados en prejuicios sobre sus trabajadores nodocentes y docentes, muchos pertenecientes a pueblos originarios", indicó el Consejo Interuniversitario Nacional.
Del mismo modo, el 12 de julio de 2023, la Policía de la Provincia de Jujuy ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy cuando se encontraba en sesiones el Consejo Superior (situación oficialmente no aclarada aún), generando otro hecho que produce una violación a la autonomía universitaria y a la Ley de Educación Superior N° 24.521 que, en su artículo 31, dispone la prohibición expresa del ingreso con la excepción de una autorización judicial o solicitud de autoridad universitaria, supuestos que no se respaldaron en dicho ingreso.
"Los rectores y las rectoras de la universidades públicas argentinas reafirmamos el compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes", advirtieron.
En paralelo a esta situación, que fue captada por distintos videos que circularon en las redes sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales "cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas".
"Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas", escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En un hilo de tuits, el CELS remarcó que, con esta acción, "el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas".
Además, apuntó contra "algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca" que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y "pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro".
Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.
Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.
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