Redacción La NUEVA Mañana
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibirá este jueves a un funcionario de la Procuración del Tesoro y a un especialista económico de la Corte Suprema, para comenzar a analizar el expediente sobre la coparticipación federal como parte del proceso que se cursa a los cuatro miembros del Máximo Tribunal.
La comisión, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, deliberará desde las 11 para investigar si los jueces de la corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los legisladores escucharán el testimonio del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien dará su visión sobre ese mismo fallo desde la óptica del Estado nacional.
También recibirán a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, que explicará lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.
Esa unidad, creada en 2009, tiene a su cargo la realización de estudios de índole económica necesarios para evaluar los efectos que podrían producirse como consecuencia de las decisiones que eventualmente pudieran adoptarse en expedientes en trámite ante el Máximo Tribunal.
El expediente que comenzará a ser analizado por la comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.
Fuente: Télam
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