Redacción La Nueva Mañana
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que investiga por presunto mal desempeño a los jueces de la Corte Suprema realizará este miércoles su tercera audiencia dedicada al análisis de las irregularidades en las prestaciones de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), cuyo funcionamiento y supervisión recae justamente en manos del supremo tribunal.
En paralelo a esta nueva entrega que se desarrollará a partir de las 15, el ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, cuyo testimonio fue clave la semana pasada, estará declarando ante el juez federal Ariel Lijo por una causa penal abierta por ese motivo.
Es por esta razón que el contador cercano a Ricardo Lorenzetti, recientemente desplazado de su cargo por el voto de los otros tres jueces (según dijo fue una "sanción encubierta" por un informe crítico que él había entregado en el que destapaba una serie de desaguisados en la obra social, cuyo responsabilidad adjudicó a Juan Carlos Maqueda), no volverá a declarar como estaba previsto sino que volverá a ser convocado como testigo para el martes de la semana próxima.
En la primera parte de su exposición, Marchi denunció amenazas y aprietes, y apuntó en este sentido contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y contra su vocero, Silvio Robles. Para la audiencia volvió a ser citado -por tercera vez- el ex director de la OSPJN Aldo Tonón, quien renunció hace pocas semanas agobiado por las denuncias.
Hombre de confianza de Maqueda, Tonón se excusó de participar como testigo en las anteriores dos convocatorias alegando que él mismo está siendo investigado en la causa penal por el mismo hecho que tramita en el juzgado de Lijo, y por ende lo que dijera ante la comisión de Juicio Político podría autoincriminarlo.
La comisión presidida por Carolina Gaillard ya acordó la semana pasada que si Tonón volvía a mostrarse reticente a declarar, será requerido judicialmente a través de la fuerza pública.
También volvieron a ser citados para la jornada como testigos el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici; el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social; el director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli (secretaria de Maqueda), y Valeria Díaz, afiliada de OBPJN y damnificada.
Fuente: NA.
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