Redacción La Nueva Mañana
La Policía de la Provincia de Jujuy realizó este miércoles una serie de allanamientos en domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales, en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión.
En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, elementos informáticos y documentación relacionada con los planes Potenciar Trabajo y Acompañamiento.
La medida, ordenada por el fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, fue rechazada por las entidades sociales, que la consideraron una “persecución política”, y apuntaron contra el Gobierno provincial de Gerardo Morales.
“En total son 16 allanamientos los que se tienen previstos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones”, precisó a Télam la diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales.
Entre las entidades registradas hay cinco sedes de organizaciones y merenderos que los dirigentes denunciados tienen a su cargo.
Uno de los lugares allanados fue la sede ubicada en el sector B-3 del barrio Alto Comedero, donde “el Gobierno de la Provincia de Jujuy busca intimidarnos y criminalizar las luchas que venimos llevando en la provincia”, denunció en un comunicado el Frente de Organizadores en Lucha (FOL).
“Vamos a entrevistarnos con nuestros abogados para ver todas estas irregularidades y convocar a las organizaciones sociales que están siendo perjudicadas, a fin de planificar una gran marcha para protestar y repudiar estos atropellos”, dijo el referente del FOL, Carlos Valda.
Desde esa organización, afirmaron que "hay una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país”.
"En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas y productivos de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niños y niñas del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos”, indicó el FOL y añadió que cuentan con un comedor que "atiende a 150 familias pobres de Jujuy".
"El Gobierno de Gerardo Morales, junto a su fuerza represiva, busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando adelante", expresaron en sus redes desde la organización MP Nuestramérica y el Frente Patria Grande de Jujuy.
"Esta es una clara persecución política contra aquellos que levantan la voz en contra del ajuste, el hambre y la pobreza", completaron.
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