Organizaciones campesinas, políticas y sociales repudiaron la detención y judicialización de Rosa Gutiérrez, producida en el marco de un conflicto por tierras comunitarias.
País 05/01/2022
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a otras organizaciones del sector y agrupaciones sociales rechazaron "la represión" en Jujuy y la imputación por parte de la justicia local contra Rosa Gutiérrez, detenida por intervenir ante la intromisión "ilegal" de una inmobiliaria local en tierras de la Comunidad Tusca Pacha, al sur provincial.
“Es la segunda vez que a la compañera Rosa Gutiérrez se la llevan detenida. ¿Por qué? Por ser mujer, por ser indígena y defender el derecho Comunitario al territorio de la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos de Palpalá, perteneciente al Pueblo Kolla de Jujuy y al Movimiento Nacional Campesino e Indígena Vía Campesina (MNCI VC)”, expusieron las organizaciones en un comunicado de prensa.
El martes, en las primeras horas de la mañana, al menos cinco maquinarias de gran porte, avanzaron sobre huertas comunitarias de una familia que habita en el territorio de la comunidad hace más de 50 años, según salieron a denunciar integrantes de la Comunidad Kolla Tusca Pacha.
Las entidades señalaron que esa acción constituyó "un nuevo avance de la empresa inmobiliaria Sucre, que incumpliendo los protocolos vigentes establecidos para evitar desalojos a los comuneros que viven en el sitio lindante al Río Los Alisos, de la ciudad de Palpalá".
El territorio es además “zona de amortiguamiento de la Reserva Mina 9 de Octubre de Zapla y ‘territorio de vida’, gerenciado de forma autónoma en la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza”, de acuerdo con el escrito de prensa difundido en las últimas horas por el MNCI VC, denunciado la represión, destrucción y detenciones contra la Comunidad Tusca Pacha.
De lo ocurrido, expusieron que la Justicia jujeña “habilitó un servicio de '2 por 1' a la Empresa Sucre, propiedad de las familias González y Gronda, conocidos amigos del poder provincial”.
“Con la misma orden de desalojo que despojó a la Comunidad de cerca de 2 hectáreas en octubre de 2020, el cuestionado fiscal Walter Hugo Rondón mandó a dar continuidad al desalojo con más de 50 efectivos policiales para cuidar los trabajos de la empresa, destrozando las huertas comunitarias en inmediaciones de la vivienda de una familia de adultos mayores miembros de la comunidad”, detallaron.
Y en ese sentido indicaron que la medida se llevó a cabo “pese a reiterados pedidos de relevamiento realizados por la comunidad en el marco de la ley 26.160, sus prorrogas y normas conexas en la Provincia de Jujuy, así como también el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación local”.
En referencia a Rosa Gutiérrez, afirmaron que por ejercer "la defensa" del territorio comunitario "fue expuesta a múltiples discriminaciones e inmediatamente detenida y maltratada por agentes policiales”.
También apuntaron que si bien Gutiérrez quedó liberada en horas de la tarde del martes, "fuentes judiciales les informaron que será imputada por daños contra la empresa".
Finalmente, indicaron que si bien hoy las máquinas frenaron sus trabajos, eso se produjo como "fruto de la movilización de la comunidad, el apoyo de las organizaciones y el accionar de instituciones nacionales".
Las organizaciones sociales aclararon además que "se mantiene una guardia policial en el territorio" y convocaron a la sociedad "a solidarizarse con la defensa de los derechos indígenas violados".
Fuente: Télam
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