El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó y dispuso la prohibición de salida del país de nueve manifestantes por los delitos de daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por la agresión al presidente Alberto Fernández cuando visitó Chubut por los estragos provocados por los incendios en la Patagonia en marzo pasado.
El magistrado dictó embargos que van desde los 80 a los 500 mil pesos, y fijó la prohibición de salida del país.
Los incidentes ocurrieron en marzo pasado, en el marco de la recorrida del Presidente en las zonas de los incendios que tenían lugar en el sur del país, donde se anunció un paquete de medidas de ayuda para quienes resultaron afectados.
En ese momento, manifestantes, entre los que había trabajadores estatales provinciales, afectados por la complicada situación financiera del Gobierno de Chubut, se agruparon en el Centro Cultural Lago Puelo donde Fernández encabezó una reunión del Comando de Operaciones que se armó para coordinar el combate del fuego. Quienes protestaban tenían una bandera que decía: "No al saqueo de la minería" y gritaban "el agua no se vende", en rechazo los proyectos tendientes a permitir la megaminería en la esa zona cordillerana.
Allí, algunos manifestantes comenzaron a golpear la combi en la cual el mandatario se fue del lugar tras el encuentro e incluso arrojaron piedras. Dos vidrios traseros resultaron rotos mientras arreciaban los insultos al gobernador Mariano Arcioni.
