Redacción La NUEVA Mañana
El tribunal popular integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, tribunal éste elegido y constituido por mandato de la “Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda”, falló este viernes luego de un extenso análisis sobre la Deuda Pública y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional en nuestro país.
La Autoconvocatoria resultó de una articulación abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los derechos humanos que, desde enero de 2020, impulsan una amplia campaña activa, independiente, horizontal e inclusiva frente a la injusticia de la Deuda Pública y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la causa actuaron como fiscales, Liliana Constante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela, como defensora Irina Santesteban y fueron Secretarias/os del tribunal Beatriz Rajland, Beverly Keene, Demián García Orfanó, Juan Carlos Maceiras y Pascual Duarte.
El Tribunal Popular resolvió “declarar como principio básico y que surge del derecho esencial del pueblo, de las personas y de las naciones, que no pueden aceptarse de ninguna manera acuerdos económicos, como las deudas públicas y acuerdos con el FMI, que impliquen derivaciones en perjuicios de lesa humanidad y de lesa naturaleza para nuestro pueblo y nuestro ecosistema como país y planeta”.
Además, sostienen “la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con al FMI, no obstante su reiterada restructuración y afirmamos el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago, más aún en situaciones de extrema necesidad como la que actualmente se viven en el contexto de la pandemia del Covid-19”. Por esa razón, se solicita “poder llevar adelante una auditoría integral, con participación ciudadana, de la deuda pública y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y legitimidad de los mismos, se peticiona con firmeza al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional que tomen las medidas necesarias, para implementarla”.
En otro de los puntos, se solicita “al Ministerio de Economía y a través de dicho Ministerio al Banco Central de la República Argentina y la AFIP, que se den a conocer la nómina de los tenedores de deuda pública y de aquellas personas o grupos que fugaron fondos al exterior y de quienes tienen dineros en paraísos fiscales y ante la negativa de cumplir dichas exigencias, tendrá que ser el Poder Judicial el que asuma la responsabilidad ante la historia y requiera lo peticionado para el bien de la República, que debe transparentarse en estos aspectos”.
A partir de dicha información, se requiere al Congreso de la Nación y a la Justicia que arbitre las medidas para proceder a la “restitución de lo cobrado y los daños y perjuicios por actuaciones propias de mala praxis perjudicial para los intereses de la nación”.
Por última, el jurado popular también exige terminar con el “secretismo” en temas relacionados con la deuda pública, pide que el Congreso no delegue sus atribuciones en torno a esas cuestiones y que los pasos realcionados a dicha problemática estén precedidos por informes independientes “sobre el impacto que el mismo traerá en materia de derechos humanos esenciales y sobre el ecosistema”.
"Llamamos a los diversos gobiernos del mundo, a las instituciones financieras como el FMI, el Banco Mundial y demás bancos multilaterales, a los fondos de inversión y tenedores de bonos, a reconocer la gravedad de la situación y a anular las deudas que empobrecen y someten a pueblos y países enteros. Les convocamos a restituir a los pueblos y a la naturaleza lo que les han quitado, restaurando la igualdad, el equilibrio y la posibilidad de vida digna”, afirmó el tribunal.
