La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó en la Cámara de Diputados que el proyecto de "los 1.000 días" de cuidado integral de la mujer embarazada "es estratégico" porque "la maternidad y el cuidado de hijos e hijas es una responsabilidad pública"
Gómez Alcorta expresó estos conceptos al exponer en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Publica y Presupuesto, que presiden los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Carlos Heller.
La ministra aseguró que la iniciativa pone "en la agenda pública la política del cuidado de la salud de la mujer embarazada en un momento esencial de su vida".
"Este es un proyecto estratégico, porque establece como política de Estado, mediante una ley, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia", completó.
La funcionaria agregó que el programa apunta a "prevenir la desnutrición, la mortalidad infantil, la violencia así como los vínculos tempranos de la primera infancia".
"Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente" remarcó, y señaló el objetivo de que "ninguna mujer se sienta sola en esta circunstancia tan importante de su vida y si se encuentra sola no considere la interrupción del embarazo por una cuestión social o económica".
En ese sentido, la ministra dijo que la "maternidad y el cuidado de los hijos y las hijas, no son responsabilidades individuales" porque "el cuidado integral de la salud y en especial la salud de las mujeres, personas gestantes y la niñez, es una responsabilidad social y pública".
Gómez Alcorta explicó que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplía derechos al establecer "asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información".
"Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas a través de una articulación clave entre todos los organismos involucrados", sostuvo.
Destacó que en Argentina "existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades" y precisó que el proyecto de los 1000 días "tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados".
En su exposición, Gómez Alcorta subrayó que el proyecto "mantiene a lo largo de sus capítulos un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencia como vía de garantizar esos derechos".
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