Este martes 3 de noviembre, desde las 11 horas, se llevará a cabo el sorteo anual de las personas que están en condiciones de ser designadas como jurados populares para el período 2021. Participarán del acto las autoridades del Juzgado Electoral de la Provincia y la Secretaría Penal del TSJ. También se contará con la asistencia de personal del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones y con la presencia de veedores de colegios profesionales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
El TSJ dispuso que se extraiga un jurado cada 500 electores masculinos y femeninos para la Primera Circunscripción Judicial (que incluye la ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Villa Carlos Paz, Río Segundo y Jesús María); uno cada 50 electores para las Circunscripciones Sexta, Octava y Novena (Villa Dolores, Laboulaye, Deán Funes); y uno cada 150 electores para el resto de las circunscripciones de interior provincial. En total, 9136 ciudadanos cordobeses integrarán la nómina inicial.
En los días subsiguientes, la Oficina de Jurados Populares remitirá por correo postal un sobre con un formulario de contacto que las personas sorteadas deberán completar con sus datos y devolver a la dependencia mencionada en un sobre con franqueo pago (totalmente gratuito), que también será enviado a los domicilios.
Asimismo, dos días después del cierre del acto, la ciudadanía podrá consultar quién fue sorteado para cumplir esta función a través de una aplicación alojada en la página web de la Oficina de Jurados Populares: http://bit.ly/JuradosPopulares.
Quienes hayan sido efectivamente sorteados, podrán llenar ese mismo formulario de manera remota desde el sitio. La oficina referida analizará las respuestas de los formularios recibidos por correo y en línea. Luego de un proceso de depuración, quienes cumplan con los requisitos que la ley establece integrarán el padrón definitivo.
Conforme lo establece la Ley 9.182, los jurados populares integran las Cámaras del Crimen, en mayoría, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. Las personas convocadas reciben por parte del Estado provincial una retribución diaria por el término que demande el cumplimiento de su función, como así también los viáticos correspondientes.
