La Justicia decidió este miércoles posponer hasta el 14 de octubre el desalojo de la toma de Guernica, al hacer lugar a un pedido del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, realizó el pedido ante el juez de Garantías N° 8 de La Plata, Martin Rizzo, un día antes de la fecha dispuesta para el procedimiento.
La solicitud se realizó en horas del mediodía durante la audiencia solicitada por el Gobierno de Buenos Aires para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado.
Según informó la Provincia, la petición se fundó en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: "Por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas (que alcanza a casi el 20% de las familias) y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires".
"Estamos sobre la fecha límite. Hay una orden de la Justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible", sostuvo la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, antes de la decisión del juez.
"Se trabajó mucho con la familias, se hizo un censo y requerimiento de necesidad habitacional. Habrá una resolución pacífica. Apelamos a voluntad de las familias de que verdad están por necesidad. Hay familias que ya se retiraron del predio", agregó García en declaraciones radiales.
Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también se refirió este miércoles a la toma de Guernica y remarcó que "sólo 30 familias están en situaciones de calle" de las 1.500 que se encuentran allí, mientras que "hay 200 que aceptaron la propuesta y se van a retirar voluntariamente de la toma".
"Pedimos y trabajamos para que sea una salida pacífica. Los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que ceñirnos a la norma", planteó Bianco en declaraciones radiales.
Previamente, la administración de Kicillof analizó varias alternativas, entre ellas, la posible adquisición de una parte del predio a través de un fideicomiso y la búsqueda de otras tierras en la provincia que el Gobierno podría adquirir para recuperar luego parte del dinero con la cuota que paguen los habitantes.
