El próximo martes 15 de septiembre, fecha en la que justamente vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021, comenzará el debate de la iniciativa que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el porteño Carlos Heller -quien trabajó en la redacción de ese texto-, se reunirá desde las 15. Además, el temario incluye el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para el cual asistirán a explicar funcionarios de la ANSeS.
El proyecto de aporte solidario y extraordinario tiene por objetivo “ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos.
Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
De acuerdo a la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.
Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.
El otro punto del temario es el proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 19 de agosto pasado.
La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.
En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.
Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
