Dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de los fondos coparticipables adicionales que desde 2016 recibía la ciudad de Buenos Aires por decisión de la gestión macrista, para destinarlo a un plan de fortalecimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la coalición opositora consideró que la Justicia deberá pronunciarse.
"La decisión que se tomó y que yo comparto, es no romper los puentes sino defendernos en el Estado de derecho; se recurrirá a la Corte", dijo en declaraciones a radio Mitre la ex diputada Elisa Carrió, consultada sobre una eventual decisión del Gobierno porteño de recurrir al máximo tribunal.
La fundadora de la Coalición Cívica sostuvo que "no fue una sorpresa" la medida presidencial, consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene "una fortaleza y una templanza enorme", y añadió que la Ciudad aporta a los recursos nacionales "22% y sólo recibe cerca del 3%".
"Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas", publicó por su parte la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.
En este sentido, agregó: "La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país".
El presidente de la UCR, el diputado mendocino Alfredo Cornejo, sostuvo en declaraciones radiales que, "si el conurbano no es opulento, es gran medida responsabilidad del kirchnerismo".
Para Cornejo, el gobernador Axel Kicillof "está blindado por el Gobierno nacional en materia de recursos" porque "la vicepresidenta (Cristina Fernández) lo exige".
Y desde la Coalición Cívica, su titular, el diputado Maximiliano Ferraro, dijo -a través de su cuenta en Twitter- que "no le está quitando presupuesto a un partido político opositor" sino "a la salud, la educación, la cultura, la seguridad".
En línea con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, Ferraro consideró que "empobrecer a unos para compensar a otros, no es generar igualdad" y señaló que "es ser Robin Judas".
En tanto, la diputada nacional Graciela Ocaña aseguró, en diálogo con Radio Continental, que "la instancia judicial está abierta", y adelantó que se reunirán con las máximas autoridades de la Ciudad para discutir "las acciones a tomar".
Ocaña también apuntó al Gobierno por su decisión y dijo que "el presidente Alberto Fernández dice ser un hombre de diálogo pero aquí no ocurrió". "Veo con mucha preocupación esta medida para la Ciudad", completó la legisladora.
En el mismo sentido se pronunció el senador Martín Lousteau (UCR- Evolución), para quien "hay un poder que es la Justicia que debe decir algo, la Corte Suprema de Justicia está callada".
En opinión del economista se trata de "una decisión arbitraria, súbita y totalmente cuestionable", y consideró que "es una decisión política para golpear a Rodríguez Larreta y un castigo a la jurisdicción más importante, que gobierna la oposición".
En tanto, el ex presidente provisional del Senado, Pinedo Federico, dejó su opinión en Twitter: "El Presidente no tiene facultades para sacarle registro a una Provincia y dárselo a otros".
Para Pinedo, el ex presidente Mauricio Macri "tuvo facultad porque había una ley que decía que lo tenia que hacer y una Constitución".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Claudio Romero, señaló que el anuncio presidencial fue "un baldazo de agua fría" dado que fue una medida "arbitraria" e indicó que los fondos que el mandatario había destinado a CABA corresponden al traspaso por los "19 mil agentes de la Policía" Federal.
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