El juicio que se le sigue a cuatro acusados de asesinato y de integrar la organización parapolicial Triple A durante la década del '70, será reanudado este miércoles con la declaración de testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, informaron fuentes judiciales.
Los imputados son Roberto Aceituno de 70 años, Juan Carlos Curzio de 76, Héctor Angel Forcelli de 71 y Osvaldo Omar Pallero de 78 años, acusados por el crimen del estudiante de la Universidad Nacional del Sur (UNS) David Cilleruelo, en abril de 1975.
El Tribunal, integrado por los jueces Roberto Amabile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, reanudará a las 9 el debate en el Aula Magna de la UNS, ubicada en la venida Colón 80.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que hoy y el jueves se realizarán las audiencias, en las que algunos testigos "participarán en forma presencial y otros por el sistema de videoconferencia".
"El debate será a puertas cerradas, sin el ingreso de público, y sólo estarán las partes, en el marco de medidas sanitarias e higiénicas dispuestas por la pandemia del coronavirus", agregaron.
Según se indicó, la audiencia -al igual que la semana pasada- se podrá seguir a través de un sistema de videoconferencia del canal de Youtube del área audiovisual que depende de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
La causa está caratulada como "asociación ilícita y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas", del que fue víctima Cilleruelo. Además, el crimen tiene como agravantes también el haber sido "cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas".
Cilleruelo, quien se desempeñó como secretario de la Federación Universitaria del Sur y era militante de la Federación Juvenil Comunista, fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975, en un pasillo del ala de Ingeniería de la alta casa de estudios.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata reanudará este miércoles, a partir de las 10 y por medios electrónicos, las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense tenía en San Justo, durante la última dictadura militar.
La audiencia se llevará a cabo por videoconferencia en función de las restricciones impuestas en el Poder Judicial por la pandemia de coronavirus, y este miércoles se abordarán los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al centro clandestino de detención del Pozo de Banfield,
Según indicó un comunicado difundido por Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en esta causa, María Asunción y Mónica dieron a luz en el Pozo de Banfield a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente. En este debate se analizan hechos referidos a dos hijas de Mónica María Lemos.
Uno es el caso de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos, quien luego de ser secuestrada junto a sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos.
El otro hecho es el referido a su hermana, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a un apropiador que la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.
También se incluyen los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos fueron secuestrados con sus compañeras e hijas.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza. Por los hechos incluidos en este juicio fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia.
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