Este miércoles a las 9, familiares de víctimas de abuso hacia las infancias en instituciones educativas presentarán una denuncia ante la Senaf exigiendo su inmediata intervención en la fiscalía de Alicia Chirino y el cuerpo técnico de peritos.

Se trata de madres protectoras de niñas y niños que aseguran haber sufrido abusos sexuales en tres diferentes jardines de Córdoba entre 2015 y 2019, que se movilizarán junto a la Asamblea Ni Una Menos hasta el organismo provincial, para denunciar la "sistemática aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP)" por parte de una fiscal para desestimar estas causas.

Según informaron a La Nueva Mañana, la denuncia es "por aplicación del falso SAP, impidiendo que niñas y niños víctimas de abuso sexual hacia las infancias accedan al derecho de dar su testimonio y ser escuchados en Cámara Gesell".

"El pasado día 24 de junio, la fiscalía a cargo de Alicia Chirino se expidió negando  la posibilidad de acceder a Cámara Gesell a un menor que sufrió abusos sexuales en el Jardín Maternal Municipal Casita del Hornero. Mediante eufemismos, la fiscalía y su equipo de peritos, a cargo de Laura Beltramino, utilizan el falso síndrome de alienación parental (SAP) e intentan bloquear la justicia en la causa, que reúne en total siete denuncias, de las cuales las otras 6 esperan poder acceder a esa instancia", indicaron a través de un comunicado.

Además, destacaron que el falso SAP ha sido rechazado por la OMS y todos los organismos de cuidado de la salud por carecer de toda validez científica, y funcionar como un instrumento que niega derechos a niños, niñas y adolescentes.

"La fiscalía de Chirino y su equipo técnico lo han aplicado para archivar una de las siete causas del abuso sufrido por niños y niñas de 3 y 4 años en el Jardín Los Horneros. No es la primera vez que de este modo la fiscal desconoce los testimonios de víctimas de abusos en instituciones educativas: es la responsable de la impunidad en los abusos del Jardín Juan Gaviota y la causa Collegium, donde archivó nada menos que 16 denuncias por las mismas razones, resolución que fue apelada en una instancia superior y se ordenó desarchivar", apuntaron.

Y por último agregaron: "La sociedad cordobesa no merece que los abusadores circulen impunemente en instituciones educativas de la ciudad. Los niños y niñas no mienten, y la justicia de Córdoba debe garantizar sus derechos".