La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguró que, en lo que va de este año, "murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos producto de violaciones", por lo que, casi dos años de su rechazo en el Senado, manifestó la necesidad de sancionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La organización feminista destacó que la ley incluye el acceso a lo que ya es derecho desde 1921: "Las interrupciones legales cuando hay una causal".
La Campaña destacó que ya en el primer semestre de este año en la provincia de Santiago del Estero "tres mujeres, de entre 24 y 26 años fueron presas por aborto: en las localidades de Forres (a 45 km de la capital provincial), Ojo de Agua (a 155 km de la capital provincial) y Nueva Esperanza (a 215 km de la capital provincial)".
Y que una cuarta mujer de la localidad de Añatuya, una mujer madre de tres niños "no quedó detenida porque la fiscalía decidió no acusar".
En este aspecto, aseguró que Santiago del Estero "no adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y se encuentra entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años".
La Campaña puntualizó que en la Argentina "no es común hallar procesos penales que se caratulen como “Aborto”" ya que "tienen otras carátulas que esconden una realidad conocida en los Tribunales".
Pero aclaró que "hay más mujeres de lo que pensamos, o creemos, o sabemos, que no tuvieron acceso a un aborto voluntario en condiciones seguras, que fueron expulsadas del sistema de salud y forzadas por el Estado a llevar adelante un embarazo".
La Campaña indicó que esas mujeres "son las que hoy están presas" y que se trata de "un número oculto tras otras carátulas, defensas no feministas, el estigma del aborto y las rejas".
