Las elecciones en Río Cuarto, que iban a celebrarse el 29 de marzo, fueron postergadas por el coronavirus y reprogramadas para el 27 de septiembre. El acuerdo político que estableció la nueva fecha y que prorrogó los mandatos municipales hasta el 8 de octubre fue objetado por la Unión de Centro Democrático (UCEDE), que elevó un pedido judicial para que se declare “inconstitucional”.
Las tres fuerzas que no firmaron el acuerdo consideran que los mandatos vencen indefectiblemente el 2 de julio próximo y que la prórroga aprobada por ordenanza es ilegal. La acción judicial que reclama por esa norma fue presentada días atrás ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
“Es una locura que una persona que fue elegida para un mandato, que termina un día determinado, se lo 'autoprorrogue'. La cosa puede tener gravedad inusitada. Si el 3 de julio siguen en funciones, se convierten en infames traidores al orden constitucional y por el artículo 5 de la Carta Orgánica Municipal (COM) pueden tener un impedimento de por vida para ejercer un cargo público”, advirtió el candidato a intendente Marcelo Ljubich, en declaraciones a medios locales.
En su presentación al TSJ, la Ucedé argumenta que la ordenanza y el decreto de prórroga de mandatos de Río Cuarto “exceden notoriamente el marco de las autonomías municipales y las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y Legislativo”. Entre otros puntos, cita el artículo 55 de la COM, que afirma: “Los miembros del Gobierno (…) son elegidos directamente por el pueblo de la ciudad. Duran cuatro años en sus funciones y cesan el mismo día en que expira ese plazo, sin que suceso alguno que lo interrumpa pueda ser motivo de que se lo complete más tarde”.
En similares términos se pronunciaron Eduardo Scoppa, candidato de “Riocuartenses por la ciudad”, y Guadalupe Fantín, del Frente de Izquierda. La diferencia radica en que el primero también acudiría a la justicia, mientras la segunda, no.
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