El abogado Julio Martinez, miembro y representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a la Mesa Provincial de Trabajo por los DDHH de Córdoba y la Coordinadora Ambiental y de DDHH de las Sierras Chicas en representación de la comunidad de Casa Bamba, interpuso este martes una denuncia penal por el impedimento a la libre circulación en esa localidad a la vera del río Suquía.
La presentación es contra Roberto Camarasa y Esteban Camarasa, en calidad de propietarios de la minera “Mogote Cortado” y contra Pablo Gigli en virtud del alto cargo jerárquico que él mismo desempeña en la misma.
Según Martínez, las conductas de los acusados se enmarcan: contra la seguridad pública, ya que se impide el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales; de intimidación pública, en pos de la generación de temor contra los ciudadanos de Casa Bamba, contra la Salud Pública, en consecuencia de la contaminación grave sobre las aguas del río Suquía; por daños, ya que se está destruyendo patrimonio arqueológico y por turbación de la posesión, la cual consiste en molestias realizadas hacia el poseedor con el fin de desposeerlo de la cosa, y convertir en poseedor al atacante.
En tanto, se exige la inmediata apertura del paso público y sin ningún tipo de condicionamiento por parte de la empresa.
