El oficialismo avanzó este miércoles en el Senado con la firma del dictamen para el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos y buscará convertirlo en ley el próximo jueves.
Tras una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, los senadores del Frente de Todos firmaron un dictamen de mayoría mientras que Juntos por el Cambio presentó uno propio, ante la negativa del oficialismo de aceptar cambios en el proyecto.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que el Senado tendrá sesión el próximo jueves para votar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y convertirlo en ley.
A la reunión de comisiones asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, quienes defendieron la iniciativa y rechazaron que "tenga alguna vocación de expulsar jueces".
En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, la Asociación Profesional del Servicio Exterior y la Unión de Empleados judiciales, entre otros, que criticaron el proyecto, principalmente con el argumento de que generará vacantes en el Poder Judicial.
"Descarto totalmente que este régimen jubilatorio tenga alguna vocación de expulsar jueces", sentenció Moroni, al tiempo que subrayó que "es un propuesta muy prudente" porque "mantiene el 82% móvil" solo que cambia el promedio de haberes sobre el que se calcula.
Ante los cuestionamientos de los senadores de la oposición agregó: "Si esto expulsa a un montón de jueces, creo que es un exceso de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen como algunos de sus compañeros (en referencia a la oposición) proponían? Nos quedábamos sin jueces".
Moroni sostuvo que "no se pretende que con su aporte financien al resto de los beneficiarios del sistema, sino que requieran menos del resto de los beneficiarios del sistema", tras explicar que "el 5% de beneficiarios" del sistema "de los sectores más altos consumía el 25% de los recursos" y que en ese sector están los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.
A su turno, Vanoli indicó que el proyecto permitirá reducir el déficit del sistema previsional y explicó: "Si uno lo mira en su conjunto, no solo el resultado de la Anses, se ve que, de niveles de equilibrio hasta 2014, el déficit aumenta significativamente en los cinco años posteriores partiendo de niveles de 100 mil millones de pesos en 2016, hasta casi 384 mil millones en 2018 y 612 mil millones de pesos en 2019".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, fue uno de los más críticos del proyecto e indicó que "lo que se está haciendo con una alteración de este régimen especial es que aquel que se siente con capacidad de generar una buena remuneración en otros sectores, se siente expulsado del Poder Judicial".
Respecto de la posibilidad de renuncias de jueces que ya tienen otorgada la jubilación pero continúan ejerciendo el cargo hasta los 75 años, señaló: "La cantidad de magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos que estarían en condiciones de tomar esa decisión son 350 o 360, si eso ocurre, el 50% del Poder Judicial queda vacante".
Los senadores de la oposición afirmaron que están a favor del espíritu del proyecto, en referencia a la modificación de los regímenes especiales, pero pusieron el acento en las vacantes que se generarían y en la complejidad para cubrirlas.
En este sentido, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez alertó sobre "la pérdida de la condición de poder ser convocados los jueces jubilados para cubrir vacantes" como uno de los puntos clave de la iniciativa.
Fuente: Noticias Argentinas
