César Martín Pucheta
La legisladora por el MST en el FIT-Unidad Luciana Echevarría, presentó el pasado viernes un proyecto que busca eliminar por completo los peajes en todo el territorio provincial. Para eso, la referente legislativa propone declarar “de interés público el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura vial y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización, eficiencia y seguridad del sistema público de rutas y caminos, con el objeto de garantizar la integración del territorio provincial, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo”.
De esa manera, el Estado provincial debería hacerse cargo de los caminos cordobeses y no tercerizar su manteniemiento en las empresas privadas que hoy sustentan el sistema, que Echevarría define como “una estafa completa”.
“Se vuelve a cobrar a los usuarios por algo que ya pagaron con sus impuestos y además se viola un derecho constitucional básico como la libre circulación en el territorio nacional y provincial”, aseguró una de las representantes de la izquierda en la Casa de las Leyes.
En su articulado, el proyecto establece que “el Estado provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas”, deberá asumir “de manera directa la planificación, el control, la gestión, el desarrollo de obras y el mantenimiento integral del sistema de caminos, rutas, autopistas y autovías que atraviesa la provincia, incluida la Red de Accesos a Córdoba (RAC)”, a la vez que prohíbe expresamente “la delegación de dichas atribuciones al sector privado”.
“El propio Estado Provincial, que es el dueño del 100% de las acciones de Caminos de las Sierras S.A, es el que les roba a los ciudadanos, llegando al colmo de solicitar un nuevo aumento del 35% en el precio de los peajes, mientras evade rendiciones de cuentas básicas”, dijo Echevarría .
“Por eso presenté este proyecto que propone eliminar definitivamente los peajes y la disolución de esta sociedad anónima, para que sea directamente el Ministerio de Obras públicas quien encare las obras necesarias, solventándolas con la coparticipación del impuesto al combustible e impuestos crecientes a las grandes fortunas. Además de un estricto control por parte de un ente independiente votado por los vecinos. Esta es la única solución viable y duradera”, afirmó la legisladora.
