La Legislatura de la Provincia de Córdoba iniciará en marzo un programa obligatorio de formación en temas de género, violencias y Derechos Humanos, para legisladores, legisladoras y la totalidad del personal que se desempeñe en la Unicameral.
Así fue acordado esta tarde entre el vicegobernador Manuel Calvo y la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, con la firma de un convenio para llevar adelante esta iniciativa que se enmarca en la denominada Ley Micaela.
Cabe recordar que en 2018 se dictó la Ley Nacional N° 27.499 que estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, es decir en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.
Un año más tarde, el de 22 de mayo de 2019, Córdoba adhería a esa ley y establecía la formación obligatoria en cuestiones de género y violencia para los tres poderes del Estado provincial.
Ahora le llega el turno a todos los que dependen del Poder Legislativo de Córdoba. Según consta en el acuerdo, el Ministerio de la Mujer será quien establezca las directrices y los lineamientos de los contenidos curriculares de la capacitación en la temática, como así también la certificación.
En concreto, la capacitación será semipresencial -con tres módulos virtuales y uno presencial- y se llevará a cabo en etapas. Primero se capacitará al personal superior, funcionarias y funcionarios del Poder legislativo (cuerpo parlamentario, secretarías, jefaturas y direcciones), luego a personal de planta permanente; y finalmente al personal contratado.
La Legislatura de Córdoba se suma así a las acciones que se llevan adelante en todo el Estado provincial en relación a la igualdad de la mujer y contra la violencia de género. "El proceso de capacitación será continuo, y comienza con sus actividades en el mes de marzo, en el contexto del mes de la mujer", dijo Calvo, quien recientemente había propuesto avanzar en una normativa interna de la Legisaltura para que las comisiones permanentes de la Legislatura sean elegidas según el principio de paridad de género.
