El abogado defensor Hugo Tomei la acusa por privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
País 13/02/2020
El defensor de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell denunció por privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, y pidió la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias.
Fuentes judiciales informaron a la agencia estatal Télam que el abogado Hugo Tomei presentó la denuncia al finalizar la audiencia con el juez de Garantías David Mancinelli en la ciudad balnearia y que, tras recepcionar el escrito, el magistrado remitió una copia a la fiscalía genera de Dolores, a cargo de Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.
Según los voceros, el defensor planteó que al momento de las indagatorias de los rugbiers el día posterior al crimen de Fernando hubo irregularidades "por falta de comunicación a los imputados" de los hechos por los que eran acusados, y las actas, incorporadas en el segundo cuerpo del expediente, "no reflejaron la realidad" de lo ocurrido.
La defensa, tal como adelantó en la audiencia que se realizó en la planta baja del Juzgado de Garantías, puso en duda la validez de las indagatorias a partir de la "corta duración" de entre 1 y 5 minutos de cada una de ellas, según consta en las actas incorporadas a la causa, y en ese sentido consideró que las detenciones se basan en "elementos nulos".
Por parte de la querella, Fabián Améndola aseguró que estas denuncias, que deberán ser investigadas por un fiscal designado puntualmente, "no tienen ningún sustento".
"La realidad es que no hay ningún elemento que sustente esta denuncia, porque además los imputados ni siquiera prestaron declaración, así que no hay ningún tipo de perjuicio para ellos en las indagatorias", dijo el abogado a Télam.
Fuente: Télam
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La medida alcanza a los beneficiarios del régimen previsional regulado por la ley Nº8024 y tiene como argumento “el grave proceso inflacionario que atraviesa el país, resulta pertinente y prioritario mejorar los ingresos de los beneficiarios de menores ingresos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”.
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El decreto firmado por el Presidente fue publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno explicó que esta medida busca "favorecer el dinamismo" del sector de las telecomunicaciones y "generar un equilibrio competitivo sostenible".
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