A días de dejar su cargo como Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich firmó una resolución en la que solicita a 54 empresas la “devolución” de subsidios que habrían cobrado de más (y sin justificativo aparente) durante el año 2017.
Según se desprende de una investigación publicada en el portal Letra P, los montos que Dietrich busca “recuperar” superarían los 1.100 millones de pesos.
La decisión se toma luego del análisis de ejercicios que lleva adelante la cartera periódicamente. Luego de analizar y evaluar las planillas y documentaciones correspondientes al 2017, los funcionarios de Transporte resolvieron rechazar “en forma parcial y total” las rendiciones de gastos de 54 compañías que operan servicios locales y de larga distancia. Entre las irregularidades encontradas que obligan al rechazo de los balances presentados se llega a poner en duda que “los fondos recibidos hayan sido utilizados en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”.
Entre las empresas que deben devolver los fondos se encuentran algunas emblemáticas como Transporte Automotor Plaza (TAP, perteneciente a la familia Cirigliano), Autobuses Santa Fe (que presta servicios en al menos seis provincias argentinas, entre ellas Córdoba), Montemar, Flecha Bus y Monticas, entre otras.
El problema principal no sólo son los dos años de retraso entre los desembolsos "erróneos" y el pedido, sino que muchas de esas empresas se encuentran en convocatoria de acreedores o en medio de crisis financieras que las dejan al borde de la quiebra.
Si bien la no devolución de los fondos no pone en riesgo los cobros de subsidios futuros, todo hace suponer que las empresas apelaran la medida y esperarán negociar con el Gobierno entrante. El documento firmado por Dietrich establece diez días de plazo para hacer efectivo el reembolso.
