La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado.
"Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así", advirtió la defensora del pueblo y exigió no "olvidar las muertes" ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado.
La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, "el número más alto" de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.
Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.
La defensora desmintió "absolutamente" la versión oficial repetida por medios bolivianos y algunos argentinos sobre que las muertes de Sacaba fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros, según consignó Página|12.
"No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida", resaltó la defensora y agregó que en los hospitales tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
