El "superlunes" de barricadas, marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, convocado por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de Chile, se cumplió en Santiago y en otras ciudades del país, con algunas escaramuzas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La convocatoria fue lanzada en coincidencia con la publicación de una encuesta de Cadem, según la cual 87% de los chilenos considera que el país necesita una nueva Constitución, un debate que se abrió en paralelo al estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre y dejó 23 muertos y miles de heridos y detenidos.
La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980 y desde entonces, hasta 2017, fue objeto de una veintena de reformas.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó por distintos canales que no descarta un debate sobre reforma constitucional, pero aclaró que la prioridad en esta emergencia es recuperar la paz social y luego poner en desarrollo una agenda social que atienda los problemas urgentes de la sociedad.
Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, la fuerza política de Piñera, advirtió que "ningún cambio constitucional demorará menos de un año". "Si usted arma una asamblea constituyente, son meses de trabajo y discusión, quizás por lo menos un año, y lo que la gente quiere es ver si de verdad hay solución hoy al tema de las pensiones, sueldos y la salud; lo que propongo es que caminemos y comamos chicle al mismo tiempo”, apuntó.
Mientras los políticos políticos discutían sobre este asunto, las protestas se llevaban a cabo en varias ciudades de Chile, la más importante de ellas en la Plaza Italia de Santiago. Otro de los asuntos en los que se centra la atención de los chilenos está relacionado con las violaciones a los derechos humanos denunciadas desde el comienzo de las protestas.
Los miembros de una misión enviada a Chile por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron recibidos este lunes por las máximas autoridades judiciales de Chile, que le entregaron información considerada de utilidad para sus investigaciones, según medios chilenos como El Mercurio y Radio Cooperativa.
Además, el gobierno de Chile pidió un informe completo a Carabineros para profundizar en una investigación acerca de una supuesta operación de espionaje de esa fuerza de seguridad contra líderes sociales y sindicales.
La trama de espionaje quedó al descubierto a partir de una publicación del sitio Interferencia, que difundió el resultado de un hackeo, con fecha del 1 de septiembre pasado, según el cual Carabineros investigó a líderes sociales y los agrupó en categorías denominadas "blanco de interés".
Esa acción de inteligencia fue previa al estallido social reportado en Chile e partir del 18 de octubre pasado, desde cuando se sucedieron protestas, hechos de violencia y respuesta de represión, con un resultado de 23 muertos y miles de heridos y detenidos. En este contexto, la vocera del gobierno chileno, Karla Rubilar, afirmó que las autoridades pidieron un informe con "transparencia total" sobre el espionaje.
Las denuncias por brutalidad policíaca durante la represión llevaron a la Premio Nobal de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, hasta el Palacio de La Moneda, donde entregó una carta dirigida a Piñera. "Chile no es un país anárquico, desordenado; es un país que tiene Estado, tiene jefes y ¿qué pasa con el jefes cuando hay un abuso de derechos humanos? Es su profunda responsabilidad lo que pasa en su territorio", indicó Menchú en una breve declaración.
En el plano parlamentario, una comisión de la Cámara de Diputados dio un paso más hacia la aprobación de un proyecto que reduce de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. El texto acordado establece que, en caso de aprobación definitiva, la norma se aplicará en el término de un año en las grandes empresas y con un plazo de cinco años para caso de las pymes.
Fuente: Télam
