La empresa Smartmatic encargada del escrutinio provisorio durante las elecciones primarias del 11 de agosto será investigada penalmente, según determinó la jueza con competencia en lo electoral, María Romilda Servini. También, tendrán el mismo destino las autoridades que resolvieron su contratación tras una licitación pública internacional.
De esta forma, a la causa que se encuentra en trámite producto de una acción de amparo interpuesta por el Frente de Todos, que objetó las cualidades técnicas de la compañía y pidió su apartamiento.
En la resolución, que trascendió en las últimas horas, la magistrada actuó en línea con lo dictaminado por el fiscal Jorge Di Lello, quien entendió que debía avanzarse en una investigación penal debido a que la intención del denunciante era que se verificara "si el proceso de licitación y las erogaciones monetarias en las que incurrió el Estado argentino" en relación al escrutinio provisorio se encontraban o no "dentro del marco de la ley".
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal deberá determinar cuál será el juzgado encargado de analizar la presunta responsabilidad penal de la empresa Smartmatic y de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación que intervinieron en su contratación, como así también del Correo Argentino.
La jueza Servini declaró a través de la resolución la incompetencia del fuero electoral para investigar.
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