Durante la jornada de este miércoles, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, envió al Concejo Deliberante el proyecto para que la consulta popular se realice durante las elecciones legislativas generales cuya fecha prevista es el 22 de octubre. Según se prevé, el proyecto tomaría estado parlamentario en la sesión de este jueves y tiene preferencia para ser tratado durante dos sesiones con la finalidad de ser aprobado con mayoría simple.
Aparentemente el referéndum podría ser aprobado en la sesión del 17 de agosto, cinco días antes del inicio del cronograma electoral. Cabe destacar que la iniciativa ya había sido rechazada por la Justicia Electoral debido a que se entendía que no podía hacerse el mismo día de las Paso del 13 de agosto.
En el nuevo proyecto se mantuvieron dos preguntas vinculadas a la relación con el gremio de empleados municipales (Suoem): ¿está de acuerdo con que las asambleas de los empleados municipales se realicen fuera del horario y el lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento? y ¿está de acuerdo con que el municipio continúe difundiendo información pública en el Portal de Gobierno Abierto?
También se eliminaron las relacionadas al transporte urbano y la gestión de los servicios públicos: ¿está de acuerdo con que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial? y ¿está de acuerdo con que el Municipio avance en la descentralización geográfica de la gestión de los servicios públicos, tomando como base el ejido de los Centros de Participación Comunal?
Además, el Ejecutivo agregó dos artículos para tratar de dar respuesta a las objeciones planteadas por el juez para rechazar la consulta.
Mediante estos planteos, se busca garantizar la difusión de la consulta popular y la formación de las autoridades de mesa.
En diálogo con Cadena 3, el concejal oficialista, Lucas Cavallo, explicó al respecto de las preguntas eliminadas: “es una primera modificación, también se agregaron artículos que tienen que ver con la capacitación de las autoridades de mesa y la difusión”. También remarcó que el objetivo del cambio de fecha es “ahorrarle tiempo al vecino y recursos al Estado”.
