César Martín Pucheta
La Legislatura de Córdoba tratará este miércoles la creación de un nuevo protocolo para que las denuncias de desaparición de personas sean recibidas de modo inmediato en pos de acelerar el comienzo de las búsquedas.
El proyecto fue iniciado en el 2014 por la entonces legisladora Cintia Frencia y el martes obtuvo un dictamen favorable de la comisión parlamentaria que lo trabajó desde entonces, por lo que estaría en condiciones de se aprobado en la sesión del miércoles.
La iniciativa surgió a raíz del paradigmático femicidio de Paola Acosta, a quien las fuerzas de seguridad comenzaron buscar luego de las movilizaciones generadas por la negativa de las autoridades a iniciar el rastreo hasta tanto no se cumplieran las 48 horas desde que la víctima había sido vista por última vez.
En diálogo con La Nueva Mañana, Frencia, aseguró que no existe normativa alguna al interior de la Policía de Córdoba que establezca esos plazos para comenzar la búsqueda de personas. “Es por uso y costumbre de la fuerza que supone que la persona que desapareció se ahuyentó por sus propios medios y va a volver. El problema es que esa práctica deja con la soga al cuello a aquellas personas que son víctima de la trata de personas ya que las primeras horas son claves para avanzar en la investigación”, afirma.
La norma que seguramente aprobará la Unicameral establece que cualquier funcionario público está obligado a tomar las denuncias por ausencia de paradero de modo inmediato. Establece sanciones para quienes no cumplan con tal obligación y advierte que la denuncia puede ser realizada por cualquiera que argumente una relación cercana con la persona que debe comenzar a ser buscada. Hasta hoy, estas denuncias sólo pueden ser realizadas por familiares.
Además, obliga a las fuerzas de seguridad a poner todos los elementos a su disposición para tal tarea de forma inmediata y a brindar toda la información de la investigación que pueda ser requerida por las familias de las potenciales víctimas.
La reglamentación quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo, que también deberán hacerse cargo de la puesta en marcha de un Registro de personas desaparecidas que deberá ser de acceso público, y la puesta en funcionamiento de un 0800 destinado a colaborar con la búsqueda de personas.
Vale señalar que, a nivel nacional, existe una reglamentación interna en la que la Procuraduría General de la Nación recomienda acelerar este tipo de mecanismos de búsqueda. Dicha decisión data del año 2006, cuando los casos de desaparición por trata de personas comezaron a acelerarse de un modo preocupante en la República Argentina.
