La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador justicialista Pedro Guastavino se reunirá a las 14 en el Salón Eva Perón para recibir al ministro de Justicia Germán Garavano, que brindará un resumen del proyecto del nuevo Código Penal ingresado a la Cámara alta el 25 de marzo pasado.
Ante el año electoral, las chances de que el proyecto pueda ser debatido en profundidad son escasas. Días atrás el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expresó que en el Gobierno “no hay una urgencia” para que se apruebe el proyecto sino que espera un “tratamiento serio y profundo”.
La iniciativa fue elaborada por una comisión redactora creada en 2017 a través de un decreto del presidente Mauricio Macri conformada por juristas, magistrados y representantes de los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Desarrollo Social, presidida por el camarista Mariano Borinsky.
Además de Borinsky, integraron esa comisión Guillermo Yacobucci (vicepresidente), Carlos González Guerra (secretario), Nicolás Turano (secretario adjunto), Carlos Mahiques, Patricia Llerena, Víctor Vélez, Pablo López Viñals, Fernando Córdoba, Patricia Ziffer, y los representantes de los ministerios de Justicia, Martín Casares; de Seguridad, Guillermo Soares Gache; y de Desarrollo Social, Yael Bendel.
El texto, de 540 artículos, buscar actualizar el Código vigente, que rige desde 1921 y que recibió alrededor de 900 modificaciones.
Entre otras reformas, el proyecto del nuevo Código Penal aumenta las escalas penales de 5 a 20 años por el delito de narcotráfico y el mínimo se incrementa hasta seis años cuando se trate de pasta base de cocaína (paco).
En cambio, fija una pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.
Respecto del aborto, el nuevo proyecto le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.
El nuevo Código Penal también establece un aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.
Se incorpora la figura de “peligro abstracto” con penas de inhabilitación de seis meses a tres años para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Otro elemento de la iniciativa es que exime de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad “que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”.
En otro orden, se incorpora un agravante de pena por violencia de género obligando al juez a establecer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.
Fuente: Noticias Argentinas
