Algunos legisladores indicaron que el Estado es el que debe proveer el financiamiento. El oficialismo, por su parte, sostiene que el aporte privado "ayuda a fortalecer las instituciones".
País15/05/2019
Redacción La NUEVA Mañana
La Cámara de Diputados de la Nación busca darle sanción definitiva al proyecto de ley de financiamiento político, que ya cuenta con el aval del Senado. Pronunciamientos a favor y en contra sobre la propuesta. “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro", dijeron desde la oposición.
A las 13:30, después de los homenajes y cuestiones de privilegio, se inició el debate con la exposición del diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
Como miembro informante, el legislador del Pro afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”.
La iniciativa propone la modificación de las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–.
El proyecto establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.
“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli.
A su turno, el presidente de la Comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.
Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.
Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que el principal objetivo es “lograr una contribución hacia la trasparencia”.
Además, la legisladora del Pro manifestó: “La bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las modificaciones claves que introdujo el Senado de la Nación”.
“La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley”, concluyó Lospennato.
Por su parte, Juan Manuel López (CC) valorizó que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”, y la definió como la garantía de “transparencia” de cara a la ciudadanía.
A su turno, Gabriela Cerruti (FpV-PJ), cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”. Además, ponderó que la política es la principal herramienta de transformación social y que “debe seguir siendo sostenida desde el Estado”, dijo.
A continuación, Diego Bossio (Argentina Federal), señaló que este debate se da en un contexto en el que “la sociedad descree de la clase política nacional” porque “no encontramos soluciones”, argumentó. “Revalorizar la política es hablar sin hipocresías y debatir lo que hay que debatir en el país”, finalizó el diputado Bossio.
Luego, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, reflexionó sobre el método de financiamiento de las campañas políticas y añadió: “Suponer que el electorado va a votar al más rico es agredir la inteligencia de los ciudandanos argentinos”.
Por su parte, Felipe Solá (Red por Argentina) delineó su postura: “Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley”. “El financiamiento de la política debe estar a cargo del Estado”, puntualizó.
Desde el mismo bloque, Daniel Arroyo definió esta discusión como “un tema central de la democracia”, aunque apuntó: “Es un proyecto que queda a mitad de camino, y no lo vamos acompañar”.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, señaló que esta propuesta “no legisla sobre las principales preocupaciones del pueblo”. “Es una ley de auto amnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios”, denunció el diputado.
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