El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, resolvieron articular medidas a fin de garantizar que las mujeres privadas de su libertad puedan recibir la visita de sus hijas e hijos de manera más ágil y eficiente.
Principalmente se atenderán aquellos casos en los que, por distintas razones, las niñas y niños no son llevados por los tutores a visitar a sus madres alojadas en la penitenciaría de Bouwer.
En una reunión celebrada en el Palacio de Justicia y presidida por su titular, María Marta Cáceres de Bolatti, se coincidió en la necesidad de eficientizar las visitas a las internas, y se acordó ampliar la atención de la Unidad de Defensa Pública que funciona en Bouwer, que no sólo será para condenadas sino también para procesadas.
A propósito, el ministro de Justicia, Martín Farfán dictó una resolución que determina la intervención en función del interés superior de los niños y niñas, y brinda recomendaciones para cumplir con el derecho de los chicos de ver a su madre, u otro vínculo que los relacione.
Las normativas nacionales y provinciales que reglamentan las visitas, hacen mención sobre las prescripciones del régimen de comunicaciones aplicable a internas condenadas y procesadas, y regula acerca de los niños que deberán contar con la respectiva autorización de ambos progenitores o de una autoridad competente.
La resolución citada, dispone que el Servicio Penitenciario, a través de sus equipos técnicos y servicios sociales de la dependencia, realicen de manera periódica y permanente un relevamiento sobre la situación de las internas mujeres que se encuentran alojadas en las cárceles y que no reciben visitas familiares, sea de sus hijas e hijos, o de otros parientes.
Además, se puso en conocimiento y se detallaron los objetivos y alcances que tendrá el Observatorio de Prevención de la Violencia de Género y Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad, que creo recientemente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dicho organismo estará a cargo de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
También se evaluó la posibilidad de instalar un dispositivo de video-conferencias en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para Mujeres, a fin de agilizar la comunicación hacia el exterior como estrategia paliativa y provisoria hasta tanto se efectivice una acción judicial o administrativa.
En el encuentro, además intervinieron otras autoridades, como el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, José Ricardo Piñero; la vocal del TSJ, Aída Tarditti; e integrantes de la Unidad de Defensa Pública, de la Asesoría Móvil de Justicia y del Observatorio de Prevención de la Violencia de Género y Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad.
