
Marcha atrás con el DNU: la Agencia Nacional del Deporte saldrá por ley

Otro decreto del Poder Ejecutivo que finalmente es revertido sobre la marcha. Esta vez se trata del DNU que crea la Agencia de Deporte Nacional, eliminando la Secretaría de Deportes de la Nación. La medida oficial había despertado serias críticas desde diversos sectores y finalmente este viernes se anunció que la medida se adoptará a través de una ley del Congreso, para “garantizar su seguridad jurídica”.
Así lo acordó este viernes el Gobierno con el Comité Olímpico Argentino, por lo que finalmente la Agencia Nacional del Deporte saldrá a través de un proyecto de ley. Lo informó el titular del COA, Gerardo Werthein, quien explicó que la decisión de avanzar con una ley es para “garantizar la seguridad jurídica” y darle “una mayor certidumbre” a la nueva estructura política del deporte.
El DNU que eliminó la Secretaría de Deportes se conoció el pasado 30 de enero y el mismo establecía que la Agencia de Deporte Nacional funcionaría como un organismo descentralizado y autárquico dentro de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.
El decreto 92/19 expresaba en sus fundamentos que “ante la diversidad de normas y la coexistencia de una multiplicidad de entidades deportivas deviene necesario un reordenamiento normativo que permita la toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eficiente”.
El acuerdo entre el COA y el Gobierno nacional se estableció durante un encuentro del que participó el director del nuevo organismo, Diógenes de Urquiza, y allí se estableció que todos los espacios del Instituto Superior de Educación Física Romero Brest, en el barrio de Núñez, serán preservados, frente a los rumores de un eventual traslado para realizar un negocio inmobiliario.
El titular del COA señaló que el proyecto de ley será enviado al Congreso en la mayor brevedad y durante el debate participarán un representante del COA y otro de la Comisión de Atletas, que también fueron parte de la reunión con los funcionarios nacionales.
El decreto había despertado críticas de todo el arco opositor, desde donde se hablaba de la intención de “rematar infraestructura y espacios públicos deportivos y arancelar actividades y escuelas". José Luis Gioja habló de la supuesta inconstitucionalidad del mismo y aseguró que la intención oculta era “vender el Cenard”, o sea un negocio inmobiliario.
Por eso es que los diputados del Frente para la Victoria Julio Solanas y Daniel Filmus presentaron un proyecto para derogar el decreto, afirmando que el mismo era inconstitucional por no conllevar necesidad ni urgencia.


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