La organización Católicas por el Derecho a Decidir difundió este viernes un comunicado en el que fija posicionamiento y advierte que, más allá del recurso interpuesto ante la Corte por la asociación civil "Portal de Belén", el derecho al aborto no punible tiene vigencia en la provincia de Córdoba,
"El pedido de revisión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no debe generar dudas sobre el derecho vigente ni confusión sobre las obligaciones del Estado provincial, y su eventual concesión implicaría un absurdo jurídico puesto que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio de Salud actuaron de acuerdo a los criterios sentados por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación", señala el escrito.
"El derecho vigente y las resoluciones judiciales obligan al gobierno provincial a asumir la responsabilidad de garantizar el acceso a los abortos no punibles en la provincia de Córdoba y asegurar los recursos sanitarios necesarios en toda la provincia para que esto se efectivice", explica el comunicado de Católicas por el Derecho a Decidir.
Este es el comunicado completo:
En diciembre del 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el amparo que la organización “Portal de Belén” presentó contra la realización de los abortos no punibles. En esta sentencia, el máximo órgano de justicia provincial confirmó la vigencia y constitucionalidad del protocolo de atención de abortos no punibles y siguió los lineamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa judicial F.A.L. del año 2012.
Cabe recordar que en F.A.L. la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que la legislación sobre aborto no punible respeta la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos, y exhortó a los gobiernos provinciales y nacional a dictar protocolos de atención de que garanticen el acceso a los abortos no punibles en el sistema de salud. En concordancia con esto, el Ministerio de Salud de Córdoba aprobó una Guía de atención de abortos no punibles.
Por esta razón el pedido de revisión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no debe generar dudas sobre el derecho vigente ni confusión sobre las obligaciones del Estado provincial, y su eventual concesión implicaría un absurdo jurídico puesto que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio de Salud actuaron de acuerdo a los criterios sentados por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El derecho vigente y las resoluciones judiciales obligan al gobierno provincial a asumir la responsabilidad de garantizar el acceso a los abortos no punibles en la provincia de Córdoba y asegurar los recursos sanitarios necesarios en toda la provincia para que esto se efectivice.
Tal y como lo subrayó el Tribunal Superior de Justicia, la problemática en cuestión es de una trascendencia social e institucional de gran envergadura que no puede seguir siendo obstaculizada por las meras discrepancias de un sector conservador.
En este contexto, exigimos a la Justicia y al gobierno de la provincia de Córdoba que dispongan de las medidas necesarias para brindar seguridad jurídica a los profesionales de la salud y a las personas gestantes en el acceso a los abortos no punibles en el sistema de salud.
