Tras conocerse el proyecto que promueve bajar la edad de imputabilidad, desde Correpi Córdoba indicaron que la medida fue tomada "aprovechando el año electoral".
País 09/01/2019
Miriam Campos
El proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace a la Ley 22.278, fue un tema que se había instalando en la agenda mediática a principios del año pasado, por un pedido que el presidente Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia.
Ahora, tras la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, la iniciativa planteada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recobró impulso y será enviada al Congreso para ser tratada en las sesiones extraordinarias de febrero.
El proyecto, del que se conocieron detalles este martes, prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables en delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a 10 años.
"Este proyecto, que sale de nuevo hoy, hace un año ya había sido impulsado. Es algo que Cambiemos utiliza por tratarse de un año electoral", indicaron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional Córdoba (Correpi).
"Estamos en una avanzada represiva, en una avanzada de un Estado de excepción que atenta cada vez más contra los derechos humanos, contra los ciudadanos, los derechos a la vida, de circulación, incluso de los derechos de salud", indicaron desde la Coordinadora a La Nueva Mañana, al tiempo que destacaron que los jóvenes afectados por la baja de imputabilidad, serán los "pibes de los sectores populares".
"Sabemos que los chicos pobres, de 13, 14 y 15 años, más allá de que no estén pasando por un proceso judicial, sí son enviados a lugares como el Complejo Esperanza en Córdoba, donde termina siendo como si estuvieran en la cárcel. Lo único que cambia es que, supuestamente, es un instituto para menores, donde tienen talleres de reinserción y educativos pero al fin y al cabo, terminan siendo cárceles para niños", explicaron desde la organización.
Para Correpi, los mismos chicos, "si no están en esas cárceles para niños", son en muchos casos "asesinados por el aparato represivo". Así lo respaldan datos preliminares del informe que la Coordinadora publica desde 1996, donde un alto índice de las personas muertas por situaciones represivas, son jóvenes adolescentes.
Según la organización la propuesta de bajar la imputabilidad se enmarca en un contexto social donde el Estado avala la "doctrina Chocobar". También recuerdan que en Córdoba, el año pasado la Provincia suscribió un convenio creando el Comando Único Unificado con el ministerio de Seguridad nacional. Para Correpi "esto es una clara política estatal dirigida a encarcelar a los pibes y, a su vez, matarlos".
Por otra parte la Coordinadora manifestó que la iniciativa está relacionada con otras políticas públicas que no contemplan la educación: "En vez de estar pensando cómo llegar a estos pibes jóvenes con una propuesta cultural, educativa, entre otras, lo único que se hace es perseguirlos y estigmatizarlos".
La estigmatización genera un círculo que no termina nunca, dice Correpi y detalla: "Empieza con el señalamiento por el cuadrante de zonas rojas de los barrios por la criminalidad; sigue con que la mayoría de estos lugares no tienen escuelas, entonces los niños tienen que salir de la zona, y al hacerlo, la Policía y los patrulleros no los dejan. Cuando quieren buscar un trabajo les dicen: 'Ah!, pero vos vivís en este lugar, entonces no´, por lo que todo esto termina en una exclusión total de estos mismos pibes".
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