El fiscal Carlos Gonella, y los abogadas de la querella, Adriana Gentile, Jorge Chalup y Patricia Chalup solicitan que se posponga el inicio del debate hasta que el magistrado Juan Carlos Reynaga concluya con su participación como presidente del Tribunal que juzga delitos de lesa humanidad ocurridos en San Miguel de Tucumán durante el llamado Operativo Independencia.
El pasado 28 de marzo, el presidente del Tribunal argumentó ante la Cámara Federal de Casación Penal que solicitaba el apartamiento y reemplazo del juez Reynaga “como solución para brindar una respuesta inmediata a todas las partes interesadas, y evitar una modificación sustancial en la agenda de juicios, la designación de otro magistrado para integrar la presente causa”.
Para Gonella el decreto carece de “sustanciación” ya que ni la fiscalía ni las otras partes “pudieron exponer razones y fundamentar opiniones”. En el escrito expresa además que no se justifica la disolución del tribunal natural, conformado con anterioridad, porque el propio Reynaga solicita una prórroga hasta tanto concluya con su labor que considera será en junio. Al mismo tiempo advierte que así las cosas no podrá cumplir con el cronograma fijado a partir del día 27 de abril.
El fiscal destaca que considerando que se trata de una causa donde hubo numerosas recusaciones e inhibiciones “La solución dispuesta por el señor presidente en absoluto garantiza el cumplimiento del cronograma de audiencias”. En este punto evalúa que “la virtual desintegración-integración del tribunal, abriría la posibilidad de eventuales incidencias de similar naturaleza” cuya resolución no garantizará el inicio del debate en la fecha fijada. Cabe destacar que Gonella instruyó la causa, solicitó las indagatorias y procesamientos y defendió las imputaciones ante la Cámara Federal en un extenso proceso que comenzó en 2008.
Los abogados representantes de la querella coinciden con los fundamentos expresados por Ministerio Público Fiscal y agregan que “No se puede soslayar que el juzgamiento de los hechos objeto del presente juicio se está realizando después de 41 años de ocurridos los mismos con el consiguiente perjuicio que ello acarrea, además las querellas no tienen ninguna garantía que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva en un plazo razonable lo decretado por el Tribunal y antes del inicio del debate”.
Fuente: Prensared
