Redacción La NUEVA Mañana
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió por el avance de la militarización en América Latina. Los integrantes de la CIDH señalaron que dicha tendencia en la seguridad pública genera un "crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos" y advirtieron sobre "el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región".
En la audiencia participaron organizaciones de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Se habló de tendencias generales y de la intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y los impactos de la militarización en Honduras.
En los países del continente, la militarización aumenta los niveles de violencia y genera violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ocupación de barrios pobres y torturas. A la vez, fracasa en su supuesto objetivo de bajar los índices de criminalidad, según se dijo en la audiencia regional ante la CIDH.
“Esta audiencia es histórica porque mapea uno de los principales desafíos de la región”, sostuvo la comisionada Flávia Piovesan. Y agregó que se promueven políticas antiderechos y de impunidad, como la aplicación de la justicia militar, bajo la idea de lucha contra el crimen.
En relación a ello, Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, manifestó que en un contexto de “guerra interna” -sea contra el narcotráfico, el terrorismo u otra de las denominadas “nuevas amenazas” a la seguridad-, los Estados avanzan con políticas duras y propuestas de militarización que ponen en riesgo los derechos humanos en la región. “Estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”, aseveró.
Por su lado, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva dijo que “hay mandatarios regionales que creen que el escenario en el que ocurren las operaciones militares es campo abierto para que ellos lleven a cabo el cumplimiento de determinadas órdenes. Primero dispare y después averigüe, primero dispare y después pregunte. Y eso es sumamente grave”.
Y la comisionada Antonia Urrejola planteó que el desafío no es únicamente trabajar con los Estados sino también con la sociedad que espera respuestas a las demandas de seguridad en la región.
El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, se comprometió a mantener este tema como “objeto de agenda permanente” y a trabajar en un plan concreto de actuación para enfrentarlo de manera sistemática.
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